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Ponen el foco en giros al exterior y profundizan el capítulo internacional de una causa que ya involucra a sociedades fantasma
Claudio “Chiqui” Tapia / web
El juez federal Luis Armella ordenó un análisis de los movimientos bancarios que realizó la Asociación Fútbol Argentino (AFA) en el Banco Credicoop desde 2021. El magistrado hizo especial hincapié en las transferencias que hayan llegado desde el exterior y pidió datos a otra entidad bancaria sobre el empresario Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, dueños de la empresa TourProdEnter, y de las cuatro personas de Bariloche que desviaron al menos US$ 42 millones.
Armella le pidió al Credicoop que se confeccione “un cuadro detallando con las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo”.
El juez federal de Lomas de Zamora solicitó también que el banco informe todos los datos referidos a cajas de seguridad abiertas a nombre de la AFA.
No fue todo. Armella también le mandó un oficio al Banco Coinag, de Santa Fe, para que informe si algunas de las personas involucradas en la maniobra tienen cuentas o cajas de seguridad allí. En ese listado aparecen Faroni, Gillette y los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida que recibieron los US$ 42 millones. Se trata de Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice. Supuestamente serían “prestanombres”.
El encargado de reclutarlos habría sido fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de Bariloche, muy conectado a la city porteña.
Breve reseña: el dinero enviado desde TourProdEnter se repartió entre las cuatro sociedades fantasma. Estas fueron: Soagu Services LLC (US$ 10,8 millones); Marmasch LLC, (US$ 13,4 millones); Velp LLC (US$ 3 millones); y Velpasalt LLC (US$ 14,7 millones). Todas registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami. Y utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming.
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Cuando estos datos saltaron a la luz, tres de las cuatro sociedades fueron cerradas. Velp ya estaba inactiva desde septiembre de 2023.
Todas estas medidas fueron dispuestas en una causa por lavado de dinero donde están investigados ex directivos del club Banfield y que luego se alimentó con la información que aportó la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la empresa Sur Finanzas.
A fines de diciembre, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco pidieron que la causa también abarque el “capítulo internacional” con las maniobras derivadas de la empresa TourProdEnter. En ese momento se allanó la casa de Faroni y la sede de la AFA, donde apareció el contrato por el cual esa firma del empresario teatral -muy ligado a Sergio Massa- recaudó para la entidad del fútbol al menos US$ 260 millones desde diciembre de 2021.
Gran parte de ese dinero fue a la firma Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$ 109,9 millones. Una cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$ 76,6 millones, de los cuales US$ 8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”. El juez citó ahora al presidente de Adcap Argentina, Agustín Honig, para que declare como testigo. La audiencia está prevista para el 3 de marzo. Una semana después, deberán declarar, también como testigos, dos de los contadores de la AFA, Umberto Mucelli y Claudio Bisurg.
Durante la feria de enero, la causa avanzó a otro ritmo con medidas patrimoniales sobre Faroni y las cuatro personas de Bariloche que abrieron cuentas en Miami. El lunes, Armella reactivó el expediente con una batería de medidas. Dentro del capítulo nacional, le ordenó a la Policía Federal que realice un estudio integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y del “Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña”, que dio origen a la causa en cuestión. La fuerza deberá además llevar a cabo un análisis de la operatoria con Sur Finanzas PSP, la vidriosa empresa de Ariel Vallejo. Buscarán ligazones no visibles con el club del sur del Conurbano, esponsoreado por la financiera.
En todo este entramado sobresalen como figuras centrales el titular de AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, de fuertes lazos con la política local. Ayer se supo que Tapia pidió ser sobreseído en la causa en la que está imputado por la presunta retención de aportes de empleados por 19 mil millones de pesos. Argumento: según su defensa, están vigentes resoluciones oficiales que establecen que no estaba obligado a hacerlo.
El pedido de cerrar la causa fue presentado la semana pasada ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Lo hicieron los abogados de Tapia. En el expediente se investiga una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la retención ilegal y el no pago de aportes de IVA, Ganancias y aportes previsionales por parte de la AFA por distintos períodos de 2024 y 2025. El monto total es de 19.353.546.843,85 pesos.
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