Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA

Cuando parecía una cuestión saldada, se volvió a abrir la discusión sobre qué juez debe investigar la causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Es que el fiscal general de la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, entendió que el expediente debe regresar al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky.

Sucede que el fiscal apeló el fallo que dispuso que el expediente pase al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hoy a cargo del caso y a quien se atribuye en el mundo político imprimirle al expediente un trato mucho más amable para Toviggino. La apelación debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre González Charvay y Aguinsky hubo un conflicto de competencia. Los dos jueces decían que tenían que investigar el caso. Esa polémica la resolvió hace dos semanas la Cámara Federal de San Martín: dispuso que sea Charvay el magistrado que investigue la cuestión.

Aquella discusión había sido llevada a tribunales por Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la fastuosa propiedad. Pero, en rigor, no tendrían capacidad económica para comprarla. Se sospecha que son presta nombres. El argumento de ellos fue que si la vivienda está en Pilar, debe ser el juzgado de Campana el que investigue por una cuestión de jurisdicción. González Charvay aceptó el planteó y le pidió la causa a Aguisnky.

Pero éste lo rechazó. Dijo que en una causa por lavado de dinero no solo se investiga la propiedad sino también el origen de los fondos. Y agregó, como argumento central, que el conflicto entre los jueces no debió ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín. Para el magistrado, por las pruebas que obtuvo, se trataría de dinero de la AFA. Que tiene su sede en Capital Federal, donde está su juzgado. Por eso debería investigar él, según su tesis.

SUSPICACIAS

Esa diferencia la resolvió el juez de la Cámara Federal Alberto Lugones, que dispuso que el caso sea del juzgado de Campana. La decisión generó suspicacias. Es que se sabe de los vínculos políticos de los jueces de esa zona con el intendente de Pilar, el kirchnerista Federico Achával, de buena relación con la AFA.

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Eso es lo que apeló el fiscal Cearras. Según fuentes judiciales, en su dictamen objetó el argumento de la ubicación de la vivienda. Sostuvo que el territorio no determina la competencia de un caso de lavado de dinero, sino que deben tenerse en cuenta otros elementos.

El punto central de su escrito es que la Cámara Federal de San Martín no debió resolver la disputa de los jueces. Cearras señaló que el Código Procesal Penal de la Nación indica que esa decisión debió ser de la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal superior del juez Aguinsky porque era el juez que tenía el expediente.

En otro tramo de su presentación, Cearras también recordó que durante enero el fiscal que lo reemplazó había pedido ver la causa completa para poder opinar sobre la competencia, lo que no fue aceptado. Y resaltó que los fiscales de primera instancia del fuero Penal Económico y de Campana, Claudio Navas Rial y Sebastián Bringas, habían opinado que la causa debía continuar a cargo del juez Aguinsky.

Lo dicho: la apelación está en la Cámara Federal de San Martín que debe decidir si la acepta y la envía a la Cámara Federal de Casación Penal. Si es rechazada, al fiscal general le queda la instancia de ir directamente a Casación.

LA INVESTIGACIÓN

¿Qué se investiga en la causa? Un posible lavado de dinero en la compra de la mansión en cuestión. Cuando tuvo la causa, Aguinsky entendió que podía haber sido comprada con fondos de la AFA. Recopiló pruebas. Entre ellas, que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación del fútbol con la que se pagaban los Telepase de los 54 vehículos de lujo y colección que fueron secuestrados en la propiedad y que tenía gastos mensuales de 50 millones de pesos. Además esos autos tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares de Toviggino.

Con el cambio de juzgado, el juez González Charvay ordenó nuevas medidas de prueba: dispuso 30 órdenes de presentación con pedidos de información en organismos públicos y empresas privadas y ordenó tres pericias sobre la información que ya estaba en el expediente. Una de ellas medidas fue en el aeropuerto de San Fernando para buscar información sobre los pasajeros que hicieron vuelos en helicóptero a la propiedad, que contaba con helipuerto.