Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas

Desde Laura Alonso, del PRO, hasta el expresidente Alberto Fernández, salieron a cuestionar ayer la creación de la Oficina de Respuesta Oficial anunciada por el Gobierno, que estará a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, y del asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, criticó Alonso en la red social X y se opuso al uso del aparato estatal “para imponer la verdad oficial”.

El expresidente Fernández, por su parte, apuntó directamente contra Adorni y publicó una imagen editada con su cara sobre el cuerpo de un pavo. Escribió lacónicamente: “Pavorni”.

Para el diputado socialista Esteban Paulón, lo que hizo el Gobierno fue crear un “Ministerio de la verdad”, una referencia que remite a la clásica novela distópica 1984, de George Orwell.

A las críticas se sumó la exlibertaria Marcela Pagano, quien planteó: “¿Nadie se está dando cuenta de que lo de la ‘oficina de fake news’ es para tapar la inflación?”.

Por fuera del Congreso, entidades periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazaron la creación de la mencionada Oficina, al advertir que “el Gobierno no puede erigirse como un tribunal de la verdad”.

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Fopea recordó que “el Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad” y advirtió que “la pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”.

También desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresaron su “inquietud por el potencial uso de una iniciativa estatal para ‘verificar’ contenidos”, mientras aclararon que “la preocupación de Adepa no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”.

En un párrafo siguiente, Adepa remarcó que “combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”.