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Recondo le contestó al Fiscal de Estado, que sugirió que lo podía denunciar ante el Consejo de la Magistratura
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El juez federal de La Plata Alberto Recondo reclamó al gobierno de la Provincia que indique, en un plazo de 24 horas, la cuenta bancaria por la que se trabará el embargo dispuesto por 157 mil millones de pesos, por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento. Pero, además, exhortó al fiscal de Estado, Hernán Gómez, de abstenerse de realizar “amenazas”, luego de que en un escrito anterior, el funcionario le advirtiera que de no corregir un oficio, podría denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura.
De este modo, el conflicto por el saneamiento cloacal desatado a comienzos de marzo, tensa aún más la relación entre la Justicia y el gobierno de Axel Kicillof. Como viene publicando este diario, el titular del juzgado federal Nº4 de La Plata, Alberto Recondo, resolvió trabar un embargo por 157.164.287.201 pesos, a depositarse como plazo fijo en una cuenta judicial, hasta tanto se inicien las obras de saneamiento cloacal en la Región, a partir de múltiples denuncias por el vertido de efluentes sin tratamiento en el arroyo Del Gato, provocando una grave contaminación.
Tras conocerse la medida judicial, la Provincia presentó un recurso de apelación que fue aceptado por el magistrado pero “al solo efecto devolutivo”. En términos prácticos, esto implica que la apelación no frena la medida: el embargo sigue en pie y debe cumplirse mientras la Cámara revise el planteo.
Entre sus argumentos, el gobierno bonaerense sostuvo que “no se puede exigir a la Provincia que sostenga con recursos propios obras que históricamente dependen del financiamiento nacional, mientras el Gobierno de Milei deserta de sus funciones básicas y nos quita lo que nos corresponde por ley”, señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo provincial, mientras la Fiscalía de Estado prepara los argumentos para la apelación.
CHISPAZOS Y AMENAZAS
En ese contexto, y más allá de que el fallo fue apelado, EL DIA accedió a un nuevo oficio presentado por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, en el que se advierte que la orden del juzgado dispone que el embargo se efectivice sobre “las cuentas que posea la Provincia de Buenos Aires” y que “el alcance de la medida excede los términos en que se ordenó la traba del embargo”. Por eso, dice el escrito, “se solicita que se deje sin efecto el libramiento del oficio ordenado, y se libre uno nuevo adecuando el texto a la resolución” ya emitida por el juez.
Seguidamente, el escrito judicial dirigido a Recondo, añade: “En caso de no observarse este requerimiento, esta representación se reserva la posibilidad de evaluar la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, sin perjuicio de su eventual responsabilidad por los innumerables perjuicios que tal proceder acarreará a la Provincia, por cuanto de efectivizarse la misma en los términos dispuestos en el oficio, se colocaría a mi representada en un estado de paralización de su funcionamiento”.
La respuesta del magistrado no tardó en llegar y, dejando sin efecto el oficio anterior librado al Banco Provincia, emitió uno nuevo en el que, teniendo en cuenta la presentación del Fiscal de Estado, requirió, como medida ordenatoria, “que se individualice, en el plazo de 24 horas, la cuenta -o cuentas- sobre la cual habrá de hacerse efectiva la traba del embargo dispuesto, con fondos suficientes para cubrir la suma de $157.164.287.201,64”.
Más allá de la modificación de la medida ordenada en el oficio anterior, Recondo, lanzó una dura advertencia a Gómez, al acusarlo de “amenazarlo” y le anticipó que implementará las sanciones que correspondan según la ley.
Según el texto al que accedió EL DIA, el juez federal respondió las palabras de Gómez en las que se reserva denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, con la siguiente advertencia: “Hágase saber al Señor Fiscal de Estado que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de formular amenazas , bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho”.
De este modo, el intercambio en esos términos entre el representante de la Provincia y el magistrado tensó aún más la relación entre la Provincia y la justicia, en torno al tema.
Como viene publicando este diario, si bien Recondo admitió la solicitud de apelación del Estado bonaerense, el embargo por la suma solicitada deberá hacerse efectivo hasta tanto resuelva la Cámara.
La resolución de Recondo se inscribe en una causa por daños ambientales iniciada en 2020 contra el Estado bonaerense, que viene acumulando advertencias de la Justicia por la falta de ejecución de obras clave para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales que La Plata, Berisso y Ensenada descargan sin procesar en el sistema hídrico regional.
En términos técnicos, las obras en cuestión apuntan a construir y poner en funcionamiento un sistema de saneamiento capaz de captar, conducir, tratar y disponer adecuadamente los efluentes cloacales generados por los tres distritos.
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