Ley de Glaciares: cómo los gobernadores mineros inclinaron la balanza

Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. Minutos después, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la sanción del proyecto y agradeció de manera explícita a cinco mandatarios provinciales, a quienes ubicó entre los actores centrales del proceso.

Se leyó en ese texto: “El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)”.

En ese lote hay mandatarios de origen peronista (Orrego, Jalil y Sanz, este último ahora con un esquema de identidad más provincial) y radicales (Sadir y Cornejo). El agradecimiento presidencial se debe a que estos gobernadores aportaron los votos de sus representantes en el Congreso para que pudiera salir la modificación de la Ley 26.639, aprobada en 2010, que estableció un régimen de protección para los glaciares y el llamado ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

“Los gobernadores que dieron un apoyo clave recibieron el agradecimiento presidencial”

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Esa norma prohibía actividades extractivas de alto impacto en esas áreas y, entre otros puntos, dispuso la realización de un inventario nacional de glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que identificó más de 16 mil de esos cuerpo gigantes helados en una docena de provincias.

APOYO DETERMINANTE

Así, si bien no acompañaron todos los gobernadores que manejan distritos provincias con presencia de glaciales en sus tierras, el apoyo de los referidos por Presidencia se volvió determinante para que el oficialismo lograra la victoria legislativa. Para esos mandatarios es crucial lo que promete la modificación de la ley: la llegada de millonarias inversiones de empresas mineras, enfocadas en minerales como cobre, litio, oro y demás rarezas.

Breve reseña: con la llegada de Milei a la Presidencia se aceleró una movida que ya se venía intuyendo desde el gobierno de Alberto Fernández e incluso de antes: la Argentina aparecía en el radar de las industrias extractivas globales por ser un sitio con mucha potencialidad en la materia ya que es algo casi inexplorado en toda su zona cordillerana. Esa es una diferencia con el vecino Chile, que hace de la exportación de cobre, por ejemplo, una de sus principales entrada de dólares vía las exportaciones de ese producto.

La gestión Milei impulsó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (el RIGI, Ley 27.742) para atraer inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos (minería, energía, tecnología, etc.), ofreciendo incentivos impositivos, estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años junto con libre disponibilidad de divisas. Un llamado a poner plata en el país.

SITUACIONES COMPLEJAS

Pero la Ley de Glaciares asomaba como un obstáculo para eso: hay mucho recurso minero que está en áreas linderas, cercanas, a esas formaciones de hielo (ambiente periglacial) y la norma que ahora se reformó prohibía la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias.

Así, las reservas de agua dulce de la cordillera de los Andes se volvieron objeto de disputa entre la necesidad de conservar recursos estratégicos y la presión de actividades económicas como la minería. Y es en este punto donde Milei encontró unos formidables aliados en los gobernadores de la zona cordillerana, ávidos por recibir inversiones millonarias que prometen entrada de divisas para sus distritos (recordar que, por la Constitución nacional, los recursos son de las provincias) y generación de empleo genuino, directo e indirecto.

De hecho, en el mensaje que publicó Presidencia luego de la votación se sostuvo que la modificación de la ley apunta a “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”. Hoy existe una Mesa del Litio (integrada por Catamarca, Jujuy y Salta) y una Mesa del Cobre (en la que se unen Mendoza y San Juan).

MAYOR MARGEN DE ACCIÓN

En ese marco, el Gobierno defendió la reforma como un cambio orientado a dar mayor margen de acción a estas administraciones provinciales en territorios vinculados con la actividad minera, a la que sitúa como uno de los próximos focos de expansión económica del país junto a la explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta.

“Hay mucho recurso minero que está en áreas linderas o cercanas a las formaciones de hielo”

El resultado de la votación en Diputados y antes en el Senado (allí obtuvo 40 votos sobre 72 totales) marcó la importancia de los intereses de las provincias a la hora de sacar leyes que tengan que ver con la expectativa de mejoras en las actividades productivas locales. Un ejemplo: cuando se trató el proyecto en la Cámara Alta y se le dio media sanción todo el kirchnerismo -que vota negativamente a todo lo que manda el Gobierno, cualquiera sea el tema- y el peronismo no kirchnerista votaron en contra de la modificación de la Ley de Glaciales salvo los representantes de las provincias interesadas (Catamarca, San Juan, Jujuy y demás).

Un mandatario que hizo rancho aparte y explicó porqué fue el neuquino Rolando Figueroa, cuyos diputados se abstuvieron. Lo mismo había hecho la senadora que le responde. “Nosotros nos abstuvimos. En nuestro partido considerábamos que había que hacer un estudio más profundo, por lo menos en nuestra provincia. No estamos ni a favor ni en contra, pero teníamos que estudiarlo más”, intentó graficar la manera en la que evitó jugarse.