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Luego del hallazgo del cuerpo de Mía en un obrador, se abrió una causa en la Justicia Federal de La Plata, donde su madre quedó detenida. La pista apunta a un cuadro de esquizofrenia
Un fin de semana atravesado por la sombra de un posible brote esquizofrénico terminó en un episodio trágico, que aún hoy mantiene en vilo a los investigadores. Todo comenzó el domingo pasado en el Hospital de Niños de La Plata. Allí, según cuentan fuentes del caso, una ciudadana chilena de 32 años había ido junto a su pareja y la beba de casi tres meses a acompañar a la madre a tomarse la presión, porque no se sentía muy bien. Cerca de las 15, en un instante de descuido mientras esperaban que la atendieran, la mujer desapareció con la criatura. Desde entonces, el caso se transformó en una búsqueda contrarreloj, que lamentablemente no arrojó los resultados deseados, ya que ella apareció sana y salva, pero la chiquita, muerta, en el interior de una unidad académica. Se llamaba Mía Rosario.
Testigos la habían ubicado subiendo a un colectivo de la Línea 506 y descendiendo en la zona de las calles 1 y 45. Horas después, con la noticia de su paradero habido, aunque desorientada y con signos de sufrir alucinaciones, el drama se centró en la beba, que seguía ausente. El desenlace fue brutal. El jamás imaginado.
Es que en un predio en construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, cerca de las 8 de la mañana, un grupo de obreros encontró el cuerpo sin vida de la bebé. Estaba vestida con las mismas ropas con la que había sido vista por última vez. A su lado, un detalle inquietante: la libreta sanitaria.
La bebé se llamaba Mía Rosario y tenía casi tres meses de vida. La autopsia ahora será clave
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Lo que en un primer momento se investigaba como una muerte dudosa giró de forma abrupta. La causa pasó a ser homicidio agravado por el vínculo, aunque bajo el paraguas de una aparente conducta no punible por un cuadro de salud severo.
Por orden del juez federal Alejo Ramos Padilla, que estuvo en la escena de los hechos, personal de la PFA concretó su detención. En principio, la mujer quedó a la espera de la audiencia de indagatoria.
Como se dijo, la acusada, con domicilio en Barrio Norte, tenía antecedentes psiquiátricos compatibles con esquizofrenia y habría interrumpido su medicación durante el embarazo y la lactancia.
Un dato que, sin cerrar ninguna hipótesis, recorre por lo bajo cada línea del expediente.
El caso se mueve en un hermetismo casi absoluto. Peritajes, cámaras, testimonios y una autopsia clave intentan reconstruir qué ocurrió en ese lapso en el que madre e hija desaparecieron del mapa.
¿La beba tenía heridas corporales o murió por la falta de atención durante un espacio prolongado de horas a la intemperie? Esos son dos de los grandes interrogantes que atraviesan el caso.
Mientras tanto, una escena resume todo: el hallazgo, el silencio del predio universitario y el dolor de una familia que llegó para reconocer un cuerpo. Un final que, lejos de cerrar la historia, abre interrogantes tan oscuros como el propio hecho.

La mujer acusada por la muerte de su bebé quedó detenida / EL DIA
En la sede académica hubo sensaciones de sorpresa, conmoción y dolor.
Las actividades, por razones lógicas, se vieron interrumpidas ante el devenir del procedimiento, que incluyó decenas de policías, peritos y móviles de seguridad.
De acuerdo a voceros calificados, la mujer, identificada como Camila De Viggiano Rojas, cursó sus estudios primarios y secundarios en un colegio católico ubicado en las inmediaciones de Plaza Moreno. En su cuenta de Instagram se definía como “peronista, feminista, hija, pareja, madre y amiga”.
Se supo que el juez Ramos Padilla dispuso de una serie de medidas clave para avanzar en la pesquisa y no dejar cabos sueltos. Entre ellas se pueden mencionar la recepción de declaraciones testimonial a todos los empleados de la obra donde fue hallado el cuerpo; un amplio relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y un amplio informe psicológico y psiquiátrico de la imputada.
Respecto del inicio de su búsqueda, cuando nadie se atrevía a imaginar semejante desenlace, un portavoz precisó que el padre y su pareja se presentaron en la comisaría primera para denunciar la desaparición e intentar reconstruir lo ocurrido.
Relataron que ese día -por el domingo- habían ido al Hospital de Niños y que, cerca de las 15, la mujer se apartó unos metros y, sin previo aviso, subió a un colectivo de la línea 506 con Mía.
Testigos confirmaron la secuencia: la vieron ascender con la beba en brazos y luego descender cerca de la Estación de Trenes. Iba descalza, con ropa llamativa y el aspecto desorientado. La niña, por su parte, lucía prendas rosadas.
Al parecer, horas antes la mujer había protagonizado un episodio de enojo y había comenzado a expresar temores irreales, compatibles -según su entorno- con un cuadro psiquiátrico previo.
De confirmarse un cuadro psiquiátrico agudo, la acusada del homicidio podría terminar internada
Ese fue el último registro claro de ambas juntas. Después, el vacío.
La reconstrucción de ese trayecto -desde el hospital hasta el descenso del micro- se convirtió en una pieza central de la causa judicial.
Es el punto donde la historia se quiebra: donde una madre y su hija aún estaban unidas y donde comienza el tramo más oscuro que ahora intenta esclarecer la Justicia, ya que de confirmarse la existencia de una enfermedad no imputable, posiblemente no termine en la cárcel sino internada.
El 27 de julio de 2017, en un edificio de la calle 14 entre 57 y 58, se produjo un hecho trágico, que terminó con una bebé fallecida y su madre internada por presentar signos y síntomas compatibles con “un episodio psicótico agudo de inicio en el puerperio inmediato”, indicó la resolución judicial de aquel entonces.
En ese sentido, de acuerdo a lo que pudo acreditarse en el expediente, la mujer, con intención de darle muerte a su hija recién nacida, la sumergió en el agua hasta provocar su deceso.
Precisamente, siendo que la acusada era peligrosa para sí y para terceros, se ordenó su internación en una institución acorde a su patología.
En paralelo, por decisión de la jueza de garantías Marcela Garmendia, se dispuso el sobreseimiento por mediar un cuadro de inimputabilidad, que le impidió comprender la criminalidad del acto y dirigir su conducta de manera adecuada.
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