A dos meses del ataque al micro de Estudiantes en el Clásico, todavía no hay detenidos ni identificados

Este miércoles se cumplen dos meses de un hecho que expuso las grietas del operativo de seguridad en el último clásico platense: el ataque al micro de Estudiantes de La Plata. El 15 de febrero, mientras la delegación se dirigía al Estadio Juan Carmelo Zerillo, al menos un botellazo impactó contra el transporte oficial y estalló uno de sus cristales, en un episodio que pudo haber terminado en tragedia. Sin embargo, a 60 días del incidente, la investigación judicial encabezada por el fiscal Fernando Padován en la UFIJ 12 sigue estancada, sin sospechosos identificados ni detenidos.

El dato más sensible del caso radica en que la agresión ocurrió dentro del anillo de seguridad dispuesto para el clásico, un evento considerado de alto riesgo. El colectivo fue atacado cuando ya se encontraba bajo la custodia de un operativo que incluyó a 650 efectivos policiales, seguridad privada y tecnología de vigilancia de vanguardia, como drones y sistemas aéreos. El impacto del objeto contundente no solo causó daños materiales, sino que, según trascendió desde el club albirrojo, provocó lesiones al dirigente Marcos Angeleri.

Desde la sede de City Bell, el malestar es evidente y sostienen que el avance en la investigación es "prácticamente nulo". Las fuentes consultadas para este informe aseguran que la fiscalía no ha reportado novedades y cuestionan la eficacia de los recursos utilizados aquel día. Las preguntas que aún no tienen respuesta en el expediente son concretas: ¿Se analizaron exhaustivamente los domos de monitoreo urbano? ¿Qué ocurrió con las imágenes captadas por los drones que sobrevolaban la zona controlada? Hasta el momento, el agresor permanece en el anonimato.

Por su parte, fuentes judiciales ofrecieron una versión que traslada parte de la responsabilidad a la falta de impulso procesal. Según indicaron, "nunca hubo sumario policial ni denuncia formal", lo que habría limitado el accionar inicial. Además, señalaron que las autoridades de Estudiantes no se comunicaron directamente con la fiscalía tras el incidente. En cuanto a los heridos, desde el ámbito judicial recordaron que las lesiones son de "instancia privada", lo que requiere una acción directa de la víctima para que la justicia penal pueda avanzar en ese sentido.

Pese a estas limitaciones, la fiscalía asegura haber realizado gestiones de oficio, como el pedido de filmaciones al Centro Operativo de Monitoreo (COM). Sin embargo, el resultado de estas diligencias fue "negativo", ya que no se logró captar el momento preciso de la agresión ni individualizar al autor entre la multitud. Esta falta de registros concluyentes en un perímetro supuestamente blindado plantea serios interrogantes sobre la operatividad real del sistema de vigilancia implementado por las fuerzas de seguridad.

A dos meses del hecho, la contradicción es total: un despliegue tecnológico y humano sin precedentes no fue suficiente para evitar, ni mucho menos para esclarecer, un ataque ocurrido a metros del estadio. Mientras el expediente parece estancado en un cruce de versiones entre la falta de denuncias y la ineficacia de las cámaras, el episodio se suma a la lista de deudas pendientes en materia de seguridad deportiva en la ciudad de La Plata.