China ejecuta a un francés y enciende otro debate sobre garantías judiciales

Francia expresó su firme condena tras la ejecución en China de un ciudadano francés que pasó más de 15 años en el corredor de la muerte, en un caso que vuelve a encender el debate internacional sobre la pena capital y las garantías judiciales. El hombre, identificado como Chan Thao Phoumy, de 62 años y nacido en Laos, fue ejecutado en la ciudad de Guangzhou, pese a reiteradas solicitudes de clemencia por parte de París invocando razones humanitarias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia manifestó su “consternación” por el desenlace y cuestionó con dureza el proceso judicial. En particular, denunció que la defensa del condenado no tuvo acceso a la audiencia final, lo que, según sostuvo, constituye una violación de sus derechos fundamentales. “Lamentamos especialmente esta situación”, señaló el comunicado oficial, que también expresó sus condolencias a la familia del ejecutado y reiteró la oposición de Francia a la pena de muerte “en todas partes y en cualquier circunstancia”.

DETENIDO EN 2005

Chan había sido detenido en 2005 y, en un primer momento, condenado a cadena perpetua. Sin embargo, tras la aparición de nuevos elementos en la causa, fue juzgado nuevamente y sentenciado a muerte en 2010 por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación, transporte y tráfico de metanfetamina a gran escala entre 1999 y 2003. Según las autoridades chinas, la organización habría producido toneladas de droga, lo que derivó en una de las penas más severas previstas por la legislación del país.

Durante los más de 15 años que pasó en el corredor de la muerte, el caso fue objeto de gestiones diplomáticas constantes por parte de Francia, que intentó en reiteradas ocasiones obtener una conmutación de la pena. Estas acciones incluyeron contactos bilaterales, pedidos formales de clemencia y el acompañamiento consular al detenido. Sin embargo, los esfuerzos no lograron modificar la decisión final de la justicia china.

Por su parte, la embajada china en París defendió la actuación judicial de su país, señalando que China “trata por igual a los acusados de todas las nacionalidades” y que todos los casos se gestionan conforme a la ley. Asimismo, subrayó que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad y que los delitos vinculados a drogas reciben castigos especialmente severos.

FALTA DE TRANSPARENCIA

El sistema judicial chino ha sido objeto de críticas internacionales por la falta de transparencia en torno a las ejecuciones, que suelen llevarse a cabo mediante inyección letal o fusilamiento. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que China es el principal ejecutor del mundo, con miles de condenas y ejecuciones cada año, aunque las cifras exactas permanecen bajo secreto estatal. En su informe más reciente, la organización reiteró su preocupación por el uso extendido de la pena capital en delitos relacionados con drogas.

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En contraste, Francia abolió la pena de muerte en 1981, durante la presidencia de François Mitterrand, y desde entonces se ha convertido en uno de los principales promotores de su eliminación a nivel global.