Ordenan dar a conocer informes del caso AMIA

La Justicia federal ordenó hacer públicos los informes reservados de inteligencia vinculados al atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Manuel Adorni, una serie de medidas para avanzar en el acceso a documentación clave.

La decisión la tomó el juez Daniel Rafecas, quien dispuso levantar el carácter confidencial de materiales elaborados por los organismos de inteligencia del Estado, con el objetivo de que puedan ser incorporados plenamente al expediente y consultados por las partes.

“Este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión”, dictaminó Rafecas.

La medida alcanza a informes que permanecían clasificados y que podrían contener datos relevantes sobre la planificación del ataque, sus responsables y eventuales maniobras de encubrimiento. La desclasificación busca garantizar mayor transparencia en la investigación y permitir un análisis integral de la información acumulada.

El atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó 84 muertos y 300 heridos, y sigue siendo uno de los mayores ataques terroristas en la historia argentina, con múltiples irregularidades en la investigación judicial.

En ese contexto, los archivos de inteligencia han sido históricamente objeto de disputa entre fiscales, querellas y el Estado, debido a su potencial para esclarecer responsabilidades y también por las sospechas de que parte de esa información pudo haber sido utilizada para desviar la pesquisa.

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La decisión de Rafecas se inscribe en una serie de reclamos de familiares de víctimas y de la fiscalía para que se abran todos los documentos vinculados al caso.

En los últimos años, distintos tribunales y organismos habían avanzado parcialmente en la desclasificación, pero persistían restricciones sobre informes sensibles.

Por el atentado, la justicia argentina encontró responsables a una decena de iraníes, entre ellos actuales y exfuncionarios de ese gobierno, y ordenó su captura nacional e internacional. El fiscal federal Sebastián Basso acusó hace un mes a un nuevo imputado para quien pidió su indagatoria y detención.

En paralelo, y ante el incumplimiento de las órdenes de detención, en la justicia avanza el juicio en ausencia para los acusados.

Cabe remarcar que el decreto 213/2020, firmado por el expresidente, Alberto Fernández, dispuso que la información de inteligencia desclasificada y otra documentación del caso que tenía carácter confidencial o reservado ahora era pública.

Sin embargo, “la información clasificada como pública no necesariamente puede trascender del ámbito estatal sin una decisión de la autoridad competente. Dicho de otro modo: dejar de ser secreta no equivale, por sí solo, a ser divulgada”, aclaró el juez Rafecas en su resolución.

Para el magistrado “no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información”, dijo, y advirtió: “El tiempo transcurrido y la relevancia institucional de los hechos investigados refuerzan la necesidad de adoptar una decisión que permita avanzar hacia una mayor transparencia y apertura de la información”.

Por eso, resolvió que “corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión, aun cuando el mecanismo previsto originalmente no lo haya implementado”.

En su fallo, Rafecas le pidió al fiscal Basso que en 10 días opine si la publicidad de los informes reservados podría afectar la investigación o las medidas en curso, entre ellas las órdenes de detención con alerta roja de Interpol para los 10 acusados de la causa.

El juez también le solicitó a la SIDE que en 15 días revise toda la documentación e “identifique aquellos pasajes puntuales cuya divulgación pudiera encontrarse alcanzada por las limitaciones previstas en el Decreto 213/2020”, que son la identidad de agentes de inteligencia del extranjero.

Por último le reclamó a la jefatura de Gabinete de Adorni que dentro del plazo 60 días informe “las medidas adoptadas o a adoptarse para la implementación de los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada, así como el cronograma de trabajo previsto a tales efectos”.