Críticas a la provincialización de rutas nacionales por falta de fondos y más peajes

El anuncio del Gobierno nacional sobre la provincialización de rutas nacionales volvió a encender las críticas por el estado de las carreteras que atraviesan distintas regiones del país, entre ellas varias del territorio bonaerense. La medida, que contempla el traspaso de rutas a las provincias sin una transferencia específica de fondos, fue cuestionada por referentes de Vialidad Nacional y gremios del sector, que alertaron sobre posibles aumentos en los peajes, falta de mantenimiento y riesgos para la conectividad productiva.

Aunque la iniciativa fue presentada como una solución para mejorar la infraestructura vial, por el momento Buenos Aires quedó fuera del esquema. Mientras tanto, los usuarios continúan transitando por rutas con baches, pavimento deteriorado, banquinas abandonadas, puentes en mal estado y obras inconclusas.

Uno de los principales cuestionamientos llegó desde el ingeniero José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (CONADUV), quien advirtió que el proyecto traslada responsabilidades a las provincias sin garantizar el envío de recursos económicos.

Según explicó, la propuesta de sumar peajes en rutas de escaso tránsito podría derivar en una “doble imposición” para los usuarios, debido a que las provincias también buscarían recaudar fondos.

"En realidad, Vialidad Nacional debería contar con fondos específicos derivados del Impuesto a los Combustibles, pero el Gobierno los está desviando hacia otras áreas, lo que afecta directamente el mantenimiento de la red vial. "Si tuviéramos ese dinero, no necesitaríamos estar provincializando nada", sostuvo. 

Rizzo también remarcó la necesidad de preservar el carácter nacional de las rutas para garantizar estándares uniformes de mantenimiento y servicio en todo el país.

"La idea es mantener un mismo nivel de servicio a lo largo de todo el tramo, de toda la longitud de la ruta, para que el usuario sepa siempre qué va a encontrar. Porque, si no, uno puede encontrar 50 kilómetros en buen estado, otros 50 en malo y así sucesivamente", dijo.

Además, alertó sobre la posibilidad de que cada provincia priorice únicamente los sectores que considere estratégicos. "¿Qué pasaría, por ejemplo, si se provincializan las rutas en Río Negro y su gobierno plantea que solo le interesan sus puertos y el contacto con Buenos Aires, y no con Chubut o Santa Cruz? O sea, solo atiende la mitad de la ruta", expresó.

El dirigente sostuvo además que la falta de inversión provocó una paralización casi total de las obras viales en el país, situación que consideró especialmente grave para el sudoeste bonaerense y la región sur, donde la conexión con puertos y centros productivos resulta fundamental.

En relación con el esquema de concesiones impulsado por el Ejecutivo nacional, Rizzo señaló que podría incrementarse de manera considerable el valor de los peajes y el costo del transporte.

"Entonces, para hacer el mismo recorrido que estamos haciendo en este momento, vamos a tener que pagar seis veces más de lo que se está pagando ahora. Y si a eso le sumamos rutas de escaso tránsito que también se concesionan, vamos a estar pagando peajes hasta para salir a la puerta de casa", afirmó.

Días atrás, CONADUV rechazó el Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita la provincialización de rutas nacionales y el financiamiento mediante peajes directos. Desde el gremio calificaron la medida como "ilegal, inconstitucional e inoportuna" y advirtieron que podría afectar la seguridad vial, las economías regionales y la logística productiva.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el decreto no cuenta con una ley formal que lo respalde y cuestionó que no se contemple una transferencia presupuestaria hacia las provincias. También consideró que el sistema de peajes planteado funciona como un “impuesto encubierto”, debido a que coexistiría con el Impuesto a los Combustibles sin garantizar una contraprestación adecuada.

Por último, el gremio propuso fortalecer la gestión estatal de las rutas, jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad y destinar efectivamente los fondos del Impuesto a los Combustibles al mantenimiento de la red vial. Además, impulsó la implementación de un sistema de transporte multimodal que integre infraestructura vial, ferroviaria y fluvial como política de Estado.