Cooperativas eléctricas bonaerenses hablan de crisis y reclaman deudas de Cammesa

La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) se reunió con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, para hacer un diagnóstico de la crítica situación que atraviesa el sector de las cooperativas eléctricas de la provincia. Roberto Otero, presidente de FICE, hizo un breve repaso de la situación que atraviesa el sector: dificultades para afrontar las deudas con Cammesa, sostener inversiones y actualizar los mecanismos tarifarios.

«El congelamiento tarifario tuvo lugar a fines del 2019 y desde entonces las entidades se vieron forzadas a decidir, porque los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa (en el caso de las cooperativas agentes del MEM, que le compran directamente) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad (en el caso de las cooperativas no agentes del MEM», explicó Otero.

Según el FICE, «casi la totalidad de las cooperativas optaron por acumular deudas por compra de energía, lo que afectó seriamente sus pasivos”. Este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, las que implementaron mecanismos de regularización y reajustes tarifarios de transición que, poco a poco, fueron recomponiendo los ingresos de las entidades, sobre todo a partir de 2022.

«Si bien los reajustes mejoraron sustancialmente las perspectivas de nuestras empresas, todavía dejan dos problemas sin una solución definitiva: el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento por la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa; y las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento, que ha afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas”, graficó Otero.

Durante la reunión se conversaron diversas alternativas de solución, centrándose en los aportes que el IPAC podría hacer para encontrar una solución dentro del ámbito de su competencia. También se discutió, dijo Otero, «la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas (ley 23.427)».

Y se comentó que la Nación «no habría aplicado a la promoción alrededor de $ 84.000 millones de pesos de los fondos aportados por el sector a través del impuesto”, remarcó el titular de FICE. Además, se manifestó la preocupación crítica que existe por el vencimiento, en agosto de 2027, de la Ley 23.427 (Fondo de Educación y Promoción Cooperativa) lo que requerirá un fuerte trabajo legislativo y apoyo de los gobernadores para su prórroga.

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