Fuegos de artificio enturbian el fin de año político

Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria

Con Cristina Kirchner no va a pasar nada: el desafuero que pidió el juez Claudio Bonadio no tiene chances de prosperar en el Senado, como tampoco la prisión preventiva por la acusación de “traición a la patria”, que sería revisada por la instancia superior a la del magistrado. Esa es la impresión generalizada sobre el futuro de la ex presidenta . Sin embargo, la falta de consecuencias prácticas de la resolución de Bonadio sobre la senadora -que hoy comienza su mandato hasta 2023- no puede aplicarse a los demás procesados, entre ellos Carlos Zannini, Luis D´Elía y Fernando Esteche, presos desde el jueves. Ninguno de ellos goza de fueros parlamentarios.

Pese a ello, el efecto más palpable del fallo judicial es la victimización a la que apeló Cristina. Y en consecuencia, la preocupación del Gobierno por despegarse de Bonadio, a tal punto que desparramó versiones que indicaron que las acciones del magistrado deben interpretarse dentro del marco de la interna peronista, donde el juez tiene sus raíces políticas.

La resolución, es cierto, tomó por sorpresa a la Casa Rosada. Tanto es así, que el propio Macri consultó a sus colaboradores si correspondía incluir el pedido de desafuero solicitado por el juez en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Rápidamente le explicaron que se trataba de un asunto ajeno al Poder Ejecutivo.

El predicamento interno del senador Federico Pinedo llevó al oficialismo a manifestar una posición prescindente, de no injerencia gubernamental sobre las decisiones de los jueces, casi al mismo tiempo que Cristina emparentaba a Bonadio con Macri.

RELACIÓN DE FUERZAS

Hasta el requerimiento de Bonadio, que no fue precipitado pese a los cuestionamientos jurídicos que le llovieron, el comportamiento de la política nacional estaba dentro de lo previsible, con Cambiemos fortaleciéndose y el peronismo no kirchnerista ganando posiciones en el Congreso.

De hecho, el senador Miguel Pichetto inscribió un interbloque de 25 legisladores –sobre 72 en total que hay en la Cámara alta- y excluyó a Cristina y a 8 senadores que le responden. En Diputados se constituyó otro interbloque, denominado Argentina Federal, que integran 35 representantes, la mayoría de ellos de provincias gobernadas por el justicialismo.

Por eso se interpreta que en la segunda mitad del mandato presidencial de Macri, quienes van a tener “la llave” del Congreso son los gobernadores provinciales, en especial los del PJ, quienes conducen políticamente a los legisladores que podrían acompañar a Cambiemos en el tratamiento de las iniciativas oficiales. Una primera muestra sucedió con la reforma previsional. El peronismo no K avaló en el Senado el cambio a la fórmula de actualización de jubilaciones -con una modificación respecto de lo que proponía la Casa Rosada en tren de ahorro fiscal-, pero ahora se encuentra con que sectores del oficialismo, como el de Elisa Carrió, reclaman más cambios en Diputados. Así, quedaron como más colaboracionistas que la bancada oficialista.

Se trata de una dinámica que podría perjudicar los acuerdos de gobernabilidad, si es que Cambiemos no emprolija su propia interna. En ese contexto, el PRO está alineado y la UCR no hace críticas de fondo, aunque se sabe que las posturas de Carrió van muchas veces más allá de lo que le gustaría al Presidente.

LAS REFORMAS EN JUEGO

Tras el decreto de convocatoria a extraordinarias, al Congreso le esperan tres semanas de trabajo intenso. En Diputados, diversas comisiones emitirán dictámenes en los próximos días para llevar al recinto -entre el 19 y el 20- el Presupuesto 2018, la reforma impositiva y los cambios al impuesto al cheque. La última semana del año será el turno de las jubilaciones.

“La resolución de Bonadio sobre Cristina Kirchner tomó por sorpresa a la Casa Rosada”

El 27 y 28 de diciembre abordarán la reforma tributaria y la ley de responsabilidad fiscal, acordadas entre la Nación y las Provincias. Si bien Macri incluyó la reforma laboral en el período de extraordinarias, sus adherentes en el Congreso piensan que no será posible sancionarla hasta febrero o marzo de 2018, porque la negociación no fue redonda.

El triunvirato de la CGT sólo dio un apoyo parcial a la iniciativa, mientras que otros sectores sindicales directamente salieron a las calles a protestar en contra. Y lo volverán a hacer. El kirchnerismo y la izquierda apuestan a las movilizaciones porque saben que en el Congreso llevan las de perder.

En el juego parlamentario, los pronósticos anuncian una intensificación de la pelea entre Pichetto y los kirchneristas, que en rigor expresará los realineamientos dentro del PJ de cara a 2019. En ese contexto, los gobernadores y los intendentes procuran consolidar la renovación: el miércoles habrá una foto de Pichetto, Juan Urtubey y Gustavo Menéndez, próximo jefe del PJ bonaerense.

Por su parte, Cristina acometió un nuevo cambio de imagen -sin joyas, con peinado y ropas más sencillas-, como se pudo ver tanto en la conferencia de prensa en Diputados como ayer en una reunión con Dilma Rousseff. Analizaron el “Lawfare”, que “consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes opositores”.

LA LÍNEA K

Pero aún cuando busca abroquelar a sus partidarios y al peronismo presentándose como una perseguida política, la ex presidenta no deja de marcar su línea. Sólo así se comprende que sentara a la misma mesa al titular del PJ, José Luis Gioja y a una diputada provincial y decana con peso en la conducción de la UNLP, como Florencia Saintout, que acaba de entregar el premio Walsh a Roberto Navarro, el que pregonó “Ganó Scioli por amplio margen”, desde la pantalla de C5N en las elecciones de 2015.

El Gobierno procura bajarle los decibeles a la decisión de Bonadio -que le terminó haciendo un favor político a la ex presidenta al regresarla al primer plano-, para que la agitación peronista no perjudique el tratamiento de las reformas que impulsa Macri. No obstante, el mandatario dejó en claro que Cristina debe “rendir cuentas ante la Justicia”. Con esa definición buscó tranquilizar a su electorado al desmentir en forma tajante que tenga un acuerdo de impunidad con su antecesora. El hecho de que Cambiemos y el PJ retrasen para febrero la formación de la comisión de Asuntos Constitucionales que analizará el pedido de desafuero de Cristina, había disparado los rumores.

El Gobierno se encuentra en plena tarea de ajuste del gasto público, para reducir el déficit fiscal. Dos ejemplos ilustran la situación: a fin de mes caerán miles de contratos en ministerios y reparticiones que no serán renovados, la AFIP no realizará el “operativo verano” para fiscalizar en los centros turísticos, por falta de fondos.

La administración macrista se juega un partido importante con la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que sesiona en Buenos Aires en medio de fuertes medidas de seguridad. La prevención es tanta que el Gobierno acaba de deportar a un activista noruego y a una periodista británica que se habían acreditado para participar de la cumbre.

Mientras tanto, permanecen abiertos dos frentes que provocan incertidumbre: la infructuosa búsqueda del submarino y el conflicto mapuche. Al lado de eso, lo de Bonadio y Cristina es un mero fuego de artificio.