Conurbano sur: una bomba social que explota con la inseguridad

Una bomba de tiempo, que puede detonarse en cualquier momento. Así podría definirse la situación que atraviesa la zona sur del Gran Buenos Aires, epicentro de gravísimos casos de inseguridad. Algunos, como las muertes de un nene de tres años o de un colectivero, conmovieron al país. El estado de indefensión es el sentimiento generalizado en esa región de la Provincia.

“Nos están matando”, repiten con angustia los vecinos ante cada hecho violento, que son muchos más de los que salen en los noticieros. En efecto, el sur del Conurbano está tomado por un combo explosivo de cuatro componentes: la corrupción o inacción policial; la ineficacia de la Justicia; las peleas de los políticos en distintos niveles de gobierno; y el dramático cuadro social.

Por cierto que esos factores pueden aparecer en otras regiones de la provincia de Buenos Aires, pero la dimensión del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hace que se convierta en un problema de otra escala: se trata de la tercera jurisdicción más grande de América Latina, ubicada sólo detrás del Distrito Federal de México y de la ciudad brasileña de San Pablo, dos mega-urbes.

Este Departamento Judicial abarca los distritos de Lomas, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Un entramado de alta densidad poblacional –estimado en 2,5 millones de habitantes- y que hasta no hace mucho tiempo también incluía a Lanús y Avellaneda, que ahora están a mitad de camino de organizarse como una región pero que aún no tienen un fiscal ni defensor general.

Por ende, no puede sorprender que esta región tenga el mayor índice de litigiosidad de toda la Provincia, con más de 125.000 causas iniciadas (más inf. pág. 23). Y que dentro ese universo judicial, sea el fuero penal el que tiene más inconvenientes. “El problema radica ahí. La prueba es que se nombraron más fiscales y eso no refleja una baja en el índice de criminalidad”, aseguró Diego Molea.

El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora sabe de lo que habla, ya que presidió el Colegio de Abogados local e integró el Consejo de la Magistratura bonaerense. “El servicio de Justicia es deficitario y burocrático”, sostuvo el académico en diálogo con EL DIA. Y agregó: “Hay jueces que están comprometidos con su trabajo y otros que se van a la casa a las dos de la tarde”.

También debe apuntarse que están sobrepasados. El juez Gabriel Vitale contó al programa radial “Dos horas siete días” que la última vez que estuvo de turno, quedaron detenidas 272 personas en sólo 15 días. Eso genera otro grave problema: dónde alojar a tantos detenidos. Los calabozos de las comisarías están colapsados y la Unidad Penal 40 de Ingeniero Budge no tiene más lugar.

De hecho, hay un hábeas corpus presentado por los defensores oficiales de la región por las malas condiciones de ese penal. El procedimiento de “flagrancia”, que posibilita a la Justicia dictar sentencias más rápidamente, tiene una contrapartida: “El lado oculto es que hay más reincidencia, porque obtienen penas cortas y los volvemos encontrar en unos meses”, advirtió el juez Vitale.

El Departamento Judicial de Lomas tiene el mayor índice de litigiosidad de la Provincia

Por eso es común que los acusados por un robo violento o un homicidio tengan antecedentes e incluso que sean beneficiarios de salidas anticipadas, lo que provoca la indignación de las familias de las víctimas y de la sociedad en general. Una encuesta reciente de la Universidad de Lomas reflejó esta situación: sólo el 41% de los consultados tiene una buena imagen del accionar judicial.

Claro que los miembros de este poder no las tienen todas consigo. En el Departamento Judicial de Lomas hay 107 fiscales, que tienen a cargo 120 funcionarios, entre secretarios y prosecretarios. Esto es, poco más de un empleado por fiscalía. “Así no se puede ni hablar de formar un equipo de trabajo”, advirtió Molea. Además, el 20% de los fiscales está con licencia psicológica.

“Cuando se elige un fiscal, primero habría que semblantearlos para saber si están preparados para afrontar una escena del crimen”, explicó el rector de la universidad lomense. En la Justicia local también se advierte que el servicio de criminalística y forense de la Policía bonaerense está lejos de los estándares de la Federal, que aporta soluciones a los dos juzgados federales de la zona.

La Policía es justamente otro de los factores que hacen al combo de inseguridad en el sur del Conurbano bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo vienen de remover comisarios de la región por casos de corrupción –manejaban a las travestis del Camino de Cintura, en la localidad de Llavallol-, al tiempo que la Policía local no termina de funcionar.

En esa fuerza dentro de la Bonaerense conviven dos problemas: la falta de preparación de los agentes frente a tamaña problemática de seguridad y su procedencia de los mismos barrios en los que “mandan” los delincuentes. El resultado, hasta el momento, no es el mejor. Para colmo, hay una puja entre las autoridades políticas locales y las bonaerenses por el control de la Policía.

Desde 2013 se viene discutiendo la creación de las policías locales a cargo de los intendentes, pero nunca se votó una ley y la descentralización fue de hecho. Los jefes comunales tomaron desde 2015 más funciones en materia de seguridad –invirtieron en patrulleros y equipamiento- pero la Policía sigue siendo de jurisdicción bonaerense. Las fricciones están entonces a la orden del día.

Todo esto se potencia en un territorio donde conviven barrios de clase media en las zonas céntricas de los distritos, con otros carenciados en la periferia. “El 95% de las causas penales tramita con defensor oficial”, sostuvo Molea, al explicar que los delincuentes no pueden pagar un abogado. Se trata, en definitiva, de una de las regiones más afectadas por la desocupación y la pobreza a nivel nacional.