Cayó empleado de Educación: habría liderado una banda que cobraba sueldos sin trabajar

En poco más de un año, una organización integrada por empleados de la Dirección General de Cultura y Educación (D.G.C. y E) le robó al Estado provincial alrededor de tres millones y medio de pesos por servicios laborales que nunca prestó, según la investigación que encabezó el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, por la que hay cinco personas detenidas y dos prófugas, informaron fuentes judiciales y policiales.

Uno de los acusados es empleados de ese organismo oficial y, por lo que figura en la causa, el resto se conocía. De hecho, dos son pareja.

El fiscal pidió las capturas por “asociación ilícita en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la administración pública (106 hechos consumados ) en concurso real con tentativa de fraude calificado”. Y aunque la jueza Marcela Garmendia hizo lugar a las detenciones, alivió los cargos: les imputó “fraude en perjuicio de la administración pública”, como un solo delito continuado, explicaron fuentes del caso.

Los detenidos son dos hombres de 32 y 28 años y tres mujeres de 27, 42 y 46 años, dos de ellas paraguayas, quienes fueron arrestados en seis allanamientos que policías de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado hicieron en viviendas de Arturo Seguí y La Plata.

En esos registros secuestraron 400 mil pesos entre dólares y pesos; seis celulares; una notebook; siete pendrives; y dos tablet. Además, documentación que acredita el cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y débito y llaves de cajas de seguridad, entre otros elementos de interés para la causa. El efectivo fue decomisado “en provecho del Estado”, dijo un pesquisa. De acuerdo a la investigación, uno de los imputados -empleado de la Dirección de Educación- sería quien organizó la maniobra para concretar la defraudación.

“Ingresaba periódicamente con su clave personal al sistema informático, por el cual varias personas cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua, por servicios laborales no prestados entre febrero de 2017 y 2018”, dijo una fuente con acceso al expediente, quien detalló que “la defraudación al erario público sería por una suma aproximada de $ 3.467.350”.

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Las evidencias reunidas hasta ahora permiten sospechar que los acusados “revistaban como activos en el sistema informático, cuando en realidad no prestaban servicios y cobraban a través del sistema de ticketera del Banco Provincia”, mecanismo que no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro y basta con presentar el DNI para extraer el dinero.

La habilitación para cobrar depende exclusivamente de la nómina que todos los meses envía la Dirección de Educación al Banco Provincia y estaba a cargo del presunto organizador de la banda.

“Las personas a cuyo nombre se cargaban servicios laborales, concurrían a distintas sucursales del Banco Provincia, cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, en su beneficio personal y de la organización de la que formaban parte”, figura en el pedido de detención, donde resalta que los acusados “sostienen un conocimiento personal y familiar entre si”. De hecho, iban “a la misma sucursal y, en la mayoría de los casos, el mismo día, con pocos minutos de diferencia”, ampliaron las fuentes, sin pasar por alto que en los últimos cobros cambiaron la modalidad, “lo que denotaría que la banda habría tomado conocimiento del inicio de la investigación”.

La sospecha más fuerte es que después de percibir el dinero el “beneficiario” se quedaba con “un pequeño porcentaje y entregaba el resto”, indicó otro de los jefes que intervino en la pesquisa.

La investigación comenzó con la denuncia de la Dirección Provincial de Legal y Técnica y de la Dirección de Coordinación de Actuaciones Judiciales de la D.G.C. y E y ahora procuran establecer el momento en que arrancó la maniobra, ya que el empleado reviste en ese cargo desde antes de 2017.