La Provincia debe hacer respetar el principio federalista

La decisión del presidente de la República de convocar para mañana a una reunión de los gabinetes “ampliados” de Nación, Provincia y ciudad de Buenos Aires, más allá de que haya sido impulsada con la idea de coordinar tareas conjuntas en el área metropolitana, podría también ser analizada a la luz de principios básicos del federalismo, en el sentido de que cada una de las jurisdicciones debiera mantener incólume el poder y la autonomía no delegados al gobierno central.

Al encuentro convocado por la Presidencia asistirán los ministros de los gabinetes nacional, porteño y bonaerense, además de legisladores de las bancadas del oficialismo de los tres ámbitos.

A lo largo de las últimas décadas y más precisamente desde el retorno de la vida democrática, se exhortó desde esta columna a las administraciones de la provincia de Buenos Aires a que impulsaran acciones demostrativas del pleno ejercicio de su autonomía como Estado federal.

Así fue que EL DIA reclamó en forma reiterada contra el hecho de que la casa central del Banco de la Provincia de Buenos Aires se encuentre instalada en la capital federal. Se dijo que, si en el pasado existieron razones que pudieran justificar esa situación, en la actualidad, con la modernización de los sistemas de comunicación, no hay argumentos para sostenerla. No resulta sencillo entender por qué el Banco de la Provincia tiene su denominada casa central en el distrito porteño -donde se desempeñan su directorio, las gerencias generales y las autoridades máximas de todos los departamentos de la entidad-, cuando la sede natural de las instituciones bonaerenses es la ciudad capital del Estado provincial.

Carecen asimismo de toda lógica institucional algunas frecuentes reuniones de integrantes del actual gobierno bonaerense en la Casa de la Provincia, ubicada en la metrópolis porteña, tal como también lo hicieron altos funcionarios de administraciones anteriores. Existen obligaciones y límites propios que deben ser no sólo respetados, sino valorados en profundidad.

Asimismo, en fecha aún cercana, se ha señalado que muchos de los organismos y servicios públicos concentrados hoy en nuestra ciudad –se habló de seguridad, de educación, de salud y de percepción de impuestos- debieran ser descentralizados en el territorio bonaerense, en beneficio del interior provincial. Pero esta situación, admitida como necesaria para la vida del primer Estado argentino, no implica que nuestra ciudad decline, en otras áreas, posiciones y predicamentos que intrínsecamente le corresponden y que se encuentran inscriptas en el espíritu federal de la Constitución.

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Es verdad que la realidad muestra a una misma fuerza política a cargo de los gobiernos de Nación, de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Ello no debiera significar, en absoluto, suponer que los criterios que puedan ser válidos para una jurisdicción, puedan también regir con igual eficacia en las otras jurisdicciones. Una sana interpretación de la doctrina obliga a cada uno de los Estados federales a ejercer en pleno su autonomía reservada.

Es de esperar, entonces, que las autoridades bonaerenses, cuyas sedes gubernamentales se encuentran en La Plata y no en ninguna otra ciudad, valoren en profundidad uno de los principios rectores –acaso, de los más valiosos, como lo es el del federalismo- en que se basa la vida institucional de la Argentina.