Deben sancionarse los intentos de justicia por mano propia

La ola delictiva que enfrentan nuestra ciudad y muchos de los centros más poblados de la provincia de Buenos Aires, así como de otros distritos del país, en donde la delincuencia no cesa de actuar y de originar la aparición, aquí y allá, de numerosos casos violentos, constituye un fenómeno negativo que debe ser enfrentado con eficacia por los organismos del Estado. Sin embargo, últimamente, como una suerte de irracional contrapartida, surgen en el seno de la sociedad algunos casos de justicia por mano propia, en los que las víctimas de delitos, sus familiares o vecinos reaccionan contra los delincuentes con extrema violencia, castigándolos con dureza y, en algunos episodios ya registrados, quemándoles sus viviendas e, inclusive, quitándoles la vida.

Tales reflexiones surgen ahora a partir del incidente ocurrido en un barrio de nuestra ciudad, donde los vecinos casi linchan a un delincuente que había terminado de robarle la cartera a una mujer. Luego de ser alcanzado por algunos testigos ocasionales del hecho que lo habían perseguido, golpearon al menor con fiereza hasta que la llegada de la Policía, que había sido llamada, impidió que continuara el castigo, a esas alturas convertido ya en un intento de linchamiento que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Se está, sin duda, frente a preocupantes evidencias acerca del grado de extravío al que pueden llegar algunas personas, en una situación que, a la vez, reclama de las autoridades la más pronta aplicación de castigos a los responsables de esos ataques. No se habla, por cierto, de episodios en los que pudo haber obrado la legítima defensa, como atenuante perfectamente definido en el Código Penal, sino de situaciones que exceden esos límites y que, por consiguiente, deben ser prevenidas y, llegado el caso, sancionadas por el Estado.

Se ha dicho siempre en esta columna que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable. Así también, que este cuerpo debe ser una fuerza profesional capacitada para prevenir y actuar frente a la actividad delictiva. Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

Está claro que no existe justificación alguna que autorice semejantes actitudes y lo que debe evitarse a todo trance es que algunos desorbitados intenten apelar a la fórmula de la justicia por mano propia. En cuanto a la sociedad, como se ha dicho, ha demostrado con creces en estos años su voluntad de participar y comprometerse en el tema de la seguridad. Pero suponer que, a partir de allí, cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes, esto es, para perpetrar un linchamiento, constituye una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.