Mediadores bonaerenses reclaman por la denigración de sus tareas

A seis años de su puesta en vigencia en la provincia de Buenos Aires, la denominada mediación prejudicial obligatoria –considerada como una suerte de “joya”, entre las últimas reformas en la Justicia bonaerense- enfrenta serios obstáculos que impiden el cumplimiento de los objetivos de la ley que la sancionó y, a su vez, de las expectativas para las cuales fue creada. Esta situación viene originando múltiples reuniones de abogados mediadores en los distintos departamentos judiciales bonaerenses, en las que se analizan posibles medidas y rumbos a seguir.

Resistencia del Poder Judicial a perder el monopolio de la resolución de los litigios, incumplimiento de la ley de Mediación por parte de los operadores judiciales, oposición de muchos abogados de la matrícula que privilegian la formación del conflicto sobre otras alternativas, descalificación y degradación de las tareas del mediador que, además, es obligado a cumplir con múltiples exigencias y, entre otros, regulaciones de honorarios “ilegales e injuriantes”, forman parte de los reclamos de los mediadores.

Como se sabe, la mediación fue sancionada por la ley 13.951 y reglamentada por el decreto 2530 de mayo de 2012, con el propósito de poner en práctica un sistema que democratice el acceso a la justicia, permitiéndose en forma rápida y expeditiva la alternativa de que las partes se pongan de acuerdo para conciliar posiciones enfrentadas. Lo más importante de la mediación es que las partes encuentren una solución entre ellas, sin la intervención de un juez como ocurre en la llamada justicia de primera instancia.

En tal sentido, se ha dicho que el sistema rompe el paradigma de la resolución judicial basado en los principios de litigio caracterizado por el enfrentamiento de partes sometidas a la decisión de un tercero (juez). La mediación incorpora la figura del “abogado mediador” como facilitador del dialogo utilizando herramientas comunicacionales indispensables para las partes, junto con los principios de confidencialidad e informalidad en el tratamiento de cada conflicto.

OBSTÁCULOS

Sin embargo, como se ha dicho, a seis años de su puesta en vigencia, se presentan serios obstáculos que impiden la consolidación de la mediación prejudicial. Según señalaron los abogados mediadores, el primero de ellos tiene que ver con “la resistencia del Poder Judicial a perder el monopolio de la resolución de conflictos y la pacificación social”.

Asimismo aludieron a “un incumplimiento de la Ley de Mediación por parte de los distintos operadores judiciales en todas sus instancias”, como también a una “resistencia de los letrados de parte que fueron y son formados en Universidades, que privilegian la formación para el litigio” sobre otras alternativas de negociación y colaboración de conflictos para alcanzar soluciones pacificas.

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También hicieron mención a una “descalificación y degradación de la tarea del mediador sin tener en cuenta las exigencias a las que son sometidos –tales como doble matriculación, capacitación continua de 30 horas anuales obligatorias y onerosas, instalaciones adecuadas, etc.- que se traduce en regulaciones de honorarios ilegales e injuriantes”, llegando a regular -en algunos- casos - cien pesos, en un caso que viola la regulación mínima que debe percibir un abogado de la matrícula, incluso sin esta especialización en Mediación, tal como lo hicieron recientemente una Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y un juzgado de Primera Instancia de La Plata “cuyas sentencias son increíblemente lesivas hacia la figura del mediador”.

Los profesionales aludieron asimismo a una “falta de respaldo de todos los organismos que originan esta instancia, entiéndase Ministerio de Justicia (de la Provincia de Buenos Aires) Colegios de Abogados departamentales, Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Universidades y entidades de formación, que han dejado a los mediadores “a merced de los intereses del poder político de turno y del económicos de las compañías de seguros”.