Los intendentes de Cambiemos, alertas por la rebaja de impuestos en las tarifas

Una silenciosa rebelión se está gestando entre los intendentes bonaerenses de Cambiemos por la cuestión de las tarifas. Como sus pares peronistas, a éstos no les agrada nada tener que pagar el costo fiscal de reducir el componente impositivo de las boletas de servicios públicos pero, cuestiones de la disciplina partidaria, no lo han expresado públicamente. Llamadas telefónicas entre ellos atestiguan el malestar en el mundo del oficialismo, que en la última semana pasó a un segundo plano por la envergadura que tomó la corrida cambiaria.

El malestar de los alcaldes sería trasladado al Ejecutivo el miércoles próximo, en una reunión entre el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, y un grupo de intendentes del oficialismo que hablaría allí en nombre de todos sus colegas.

La semana pasada, los intendentes del PJ lograron frenar en la Legislatura un proyecto de ley que obliga a los municipios a resignar los impuestos municipales que se cobran con la luz y el agua para apaciguar el costo de bolsillo que pagan los vecinos. Eso implicaría, explicaron, una baja en la recaudación anual de las comunas que no están dispuestos a enfrentar.

El proyecto había sido enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal que aspiraba a reducir, entre los cambios en las leyes y la firma de ciertos decretos, el impacto de la tarifa en un 15,7% para el caso de la energía, un 6,3% para el gas y un 6,2% para el agua. Sin las leyes, la rebaja es muchísimo menor, casi imperceptible.

La negativa de los intendentes obligó a desdoblar el proyecto del gobierno y los cambios que tocaban las tasas municipales, en especial en energía, no llegaron al recinto del Senado –por donde tuvo ingreso la iniciativa- y fueron remitidos a la comisión de Presupuesto.

1.300 MILLONES

Se trata de una carga impositiva que representa unos 1.300 millones de pesos anuales. Eso es lo que dejaría de girarse de forma automática al conjunto de los municipios. Para ser claros, sólo de energía las comunas reciben el 6% del valor de la factura que cada distribuidora le cobra al vecino. Es una “caja” con una alta tasa de cobrabilidad –la luz hay que pagarla sí o sí porque si no la cortan- y de muy baja visibilidad, lo que beneficia a los intendentes porque le baja antipatía al cobro de ese impuesto.

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Lo que pasó a comisión fue la reforma del artículo 75 de la ley 11.769, el que alude a la “contribución” que pagan las empresas a los municipios y que, desde ya, se traslada a los usuarios; y la reforma del artículo 57 de la ley 13.404, que fija impuestos específicos a los prestadores de agua y cloacas.

En verdad, cuando esto sucedió los alcaldes de Cambiemos respiraron aliviados. De los 135 municipios bonaerenses, 69 son gobernados por el oficialismo. La mayoría de los intendentes entendió que la maniobra efectuada por sus colegas peronistas a través de los legisladores que les responden congelaría la idea de Vidal, de la que se enteraron por los medios.

Sin embargo, en las últimas horas las luces de alerta se volvieron a encender. La mandataria habría ordenado a su gente de confianza en la Legislatura que redoble el esfuerzo para avanzar con los cambios en esos dos artículos cruciales. “Tiene que salir sí o sí”, escucharon algunos alcaldes.

La incógnita, pues, es ver cómo se logra. En el Senado, suponiendo que se obtenga un dictamen favorable de comisión, el trámite podría ser más fácil, dado que el oficialismo tiene cierta holgura. Pero en Diputados la cuesta parece más elevada. Para empezar, debería buscarse la aprobación por mayoría simple, que estira temporalmente el procedimiento acorde a la letra del reglamento de la Cámara. Hablamos de no menos de tres semanas. Allí son 47 almas las que se necesitan para darle aprobación y Cambiemos tiene 44 propios. ¿Que diputado de alguna de las facciones peronistas pagaría el costo de levantar la mano? Ya habría negociaciones en marcha.