La justicia dispuso inhibir los bienes del correo privado OCA

La Justicia dispuso la inhibición general de todos los bienes de la compañía de correo privado OCA, en una causa iniciada por la AFIP por la retención indebida de impuestos por parte de esta empresa, revelaron ayer fuentes judiciales.

El juez Penal Económico 9, Javier López Biscayart, dispuso esta medida, ante la imposibilidad de cumplir con una anterior orden de embargo por 400 millones de pesos, añadieron las fuentes.

Y, recordaron que a fines de noviembre, con motivo de una demanda iniciada por la AFIP, el magistrado trabó embargos preventivos por seis meses sobre los bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo o en títulos valores y documentos equivalentes, de los responsables de la firma Mario Aste, Patricio Nicolás Farcuh y a OCA SRL hasta cubrir 400 millones de pesos.

Ante ello, Aste y Farcuh manifestaron que no poseían bienes ni dinero para dar en embargo por lo que en diciembre se les decretó la inhibición general de bienes.

A mediados de abril, tanto Mario Aste, como Patricio Nicolás Farcuh, prestaron declaración indagatoria. El 17 de mayo, el juez López Biscayart, dictó el auto de procesamiento de los imputados y confirmó los embargos trabados sobre los bienes y dinero de las personas humanas por 400 millones de pesos.

Sin embargo, ayer, al ignorarse si los bienes embargados podrían cubrir los 400 millones a nombre de Organización Coordinadora Argentina (OCA), el juez decretó la inhibición general de bienes de la empresa, explicaron las fuentes .

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La causa se inició luego de que la AFIP detectara que OCA retuvo lo que cobró por el impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, no ingresando los montos correspondientes luego de los diez días hábiles administrativos desde su vencimiento, por períodos fiscales correspondientes al año 2016.

En el trámite también se investiga el posible delito de “insolvencia fiscal fraudulenta”, añadieron las fuentes.

El delito de retenciones indebidas impositivas y de aportes previsionales y de insolvencia fiscal fraudulenta contemplan penas que van de los 2 a 6 años de prisión