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Una nota publicada ayer replanteó el problema que significa para la Ciudad la proliferación de autos abandonados en las calles, que se convierten en verdaderos basureros públicos, entre otros trastornos que esas presencias implican.
El informe destaca que no sólo ocupan –habitualmente durante mucho tiempo- espacios para estacionar, en un contexto por demás complejo para conseguir un lugar, sino que dentro de cada uno de los rodados se observa la gran cantidad de residuos que acumulan.
Además, varios de los autos abandonados terminan siendo incendiados por obra de autores desconocidos, en tanto que son sometidos a una suerte de desguace hormiga hasta que quedan convertidos literalmente en montones de chatarra.
Por cierto que frente a cada una de las comisarías se reitera el problema de la acumulación de autos arrumbados, que permanecen largo tiempo y que conforman un verdadero cementerio de vehículos, ocupando no sólo la cuadra entera junto al cordón sino que, en muchos de los casos, también se los puede ver estacionados en las veredas ramblas próximas a las sedes policiales.
Como se recordará, en octubre de 2013 se sancionó una ley provincial que faculta a los municipios para que realicen la compactación de esas unidades. De este modo se buscó tener un principio de solución un problema que vino creciendo en los últimos años y que originó reiterados reclamos. Aquella norma estableció que la compactación será procedente cuando se secuestren o hallen chatarra -autopartes, piezas o rezagos- de automotores y vehículos que no se consideren aptos para rodar o impliquen un peligro real e inminente para la salud o el medio ambiente.
Asimismo, la ley creó la figura del “abandono voluntario” del vehículo. Su titular podrá manifestar su voluntad de desprenderse de su vehículo o de “sus partes”. Para ello se labrará un acta notarial o administrativa, en que obrará constancia de la cesión del bien a la autoridad de aplicación.
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A grandes rasgos, la norma apunta a frenar el desborde de los predios destinados a almacenar coches y motos interdictos por diferentes irregularidades cometidas por sus conductores, y que nadie reclama. Así es que faculta a los departamentos ejecutivos de cada comuna a darles salida por diferentes vías, entre ellas la compactación, la subasta pública o la donación a entidades de bien público.
Desde hace tiempo se conocen y padecen los trastornos propios del abandono de vehículos y de la conformación aquí y allá de los llamados cementerios de automóviles, especialmente frente a las comisarías y dependencias policiales. De allí que resulte procedente confiar en que se aceleren todos aquellos trámites destinados a garantizar una mejor disposición final de esos vehículos abandonados, entre los cuales no se incluye, desde luego, a los que están secuestrados por orden judicial.
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