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Hubo 15 detenciones de ex funcionarios y empresarios, entre ellos, el segundo de Julio de Vido en Planificación, Roberto Baratta. El chofer podría declarar como arrepentido
Roberto Baratta es detenido en su domicilio por la Policía Federal/web
La expresidenta Cristina Fernández deberá acudir a declarar el próximo 13 de agosto, en un caso en el que se investigan los pagos de millones de dólares en efectivo que supuestamente hicieron varios empresarios de obra pública a miembros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre los años 2003 y 2015.
Los operativos ordenados por el juez de la causa, Claudio Bonadio incluyeron 34 inmuebles de empresas de primera línea como Supercemento, Techint y Roggio y se esperan más allanamientos para los próximos días. Además, hubo 15 detenciones entre ex funcionarios K y empresarios. La ruta del dinero supera los U$S 160 millones.
Un trabajo periodístico del diario La Nación desencadenó la apertura de una investigación judicial. Los acusados están sospechados de integrar una “asociación ilícita” con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.
Decisivas para destapar el escándalo han sido las anotaciones que durante más de una década tomó supuestamente el chofer de uno de los colaboradores más cercanos al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido: el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, que ayer fue detenido.
En varios cuadernos escolares, Óscar Centeno, que está entre los arrestados -y que no descartan que declare como arrepentido, tras echar a su abogado-, fue apuntando con todo detalle cómo con su automóvil acudía a los puntos donde se recolectaba el dinero, como hoteles, oficinas o domicilios, y luego, solo o acompañado, llevaba ese dinero a sus destinatarios.
En el medio, está la ex mujer del chofer -identificada como H.H. en la causa- corrobó las recorridas de Centeno.
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Entre los supuestos beneficiados están, no solo para quien trabajaba como chofer, Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos-, sino también De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial de Olivos o al departamento particular de la familia Kirchner en la ciudad de Buenos Aires.
“Nunca vi nada parecido. Una cosa así tan completa, esta bitácora nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales”, expresó el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien declinó explayarse en los detalles al regir el secreto de sumario.
Además de los ex funcionarios y empresarios detenidos, entre ellos de las empresas Iecsa -que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri- y Electroingeniería, se busca a otros imputados como Juan Carlos Goycoecha, que era titular de la filial local de la española Isolux Corsá.
El juez Bonadio llamó a declarar también a de Vido -ya en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017-, al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y al ex juez federal Norberto Oyarbide.
Stornelli defendió su actuación al remarcar que “nunca” se ha ajustado a “ningún momento político” y adelantó que está dispuesto a conceder a Centeno el beneficio de la figura de “arrepentido” si se presta a colaborar con la Justicia.
En sus papeles, y según la investigación periodística, el chofer hizo una pausa entre octubre de 2010, tras el fallecimiento de Kirchner, y 2013.
“Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia (...) No quise anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sr. Presidenta Cristina F. Kirchner los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, remarcó.
“No importa quién cae, sino que se haga justicia. Esto ayuda a dejar atrás una etapa de corrupción estructural como la que vivió nuestro país en los últimos años”, opinó este miércoles el ministro de Justicia, Germán Garavano.
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