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El título vence el 6 de diciembre y el trámite está varado en el Directorio de la entidad. Hay resistencia a avalar la operatoria que pide Vidal. Responsabilidades y el rol de Kicillof
tensión entre autoridades del bapro y el gobierno provincial por el canje de un bono/archivo
La operación impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal para canjear un bono al Banco Provincia de 4.259.606.000 de pesos que vence el 6 de diciembre por otro con vencimiento el 6 de septiembre de 2020, está en punto muerto. Las serias objeciones a la operación realizadas por distintas oficinas técnicas de la propia entidad financiera, son el insumo básico que están utilizando integrantes del directorio para rechazar la pretensión de la Provincia.
Contrareloj, funcionarios bonaerenses mueven los hilos en busca de evitar la palabra tan temida: default. Hay reuniones reservadas que apuntan a evacuar dudas y temores. La política actúa en sintonía. Pero el tiempo escasea y quedan apenas dos reuniones del directorio del banco de acá hasta el vencimiento del bono.
Este reperfilamiento es, además, uno de los temas centrales de la transición entre el gobierno de Vidal y el entrante de Axel Kicillof. El gobernador electo está mirando con atención el desenlace de una cuestión por demás espinosa y, según diversas fuentes, estaría reclamando que Vidal gestiones ante la Nación el envío de fondos para saldar la deuda con el Bapro.
Pero esa puerta estaría cerrada. También, la posibilidad de que la Gobernadora dicte un decreto para imponer el canje que es lo que estaría reclamando la conducción del banco. Por eso la llave estaría pasando por el directorio, donde la oposición peronista advierte que no votará el canje. Tampoco lo harían algunos representantes del propio oficialismo. “Los informes de las áreas técnicas del banco indican que se terminará generando un perjuicio patrimonial y que, además, quienes lo avalen podrían ser acusados penalmente”, sostienen desde sillones del directorio.
Si el canje no se concreta, la Provincia entraría en default el 6 de diciembre por el no pago de su deuda, en este caso, con el Bapro.
La historia arrancó días antes de las elecciones de octubre cuando el gobierno provincial decidió reperfilar el pago de un bono, derivado de una deuda que la administración bonaerense contrajo en su momento con el Banco Provincia.
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El ministro de Economía, Damián Bonari, a través de una nota al directorio del Bapro, pidió el canje de un bono equivalente a 4.259.606.000 de pesos que vencía el 6 de diciembre por otro con vencimiento al 6 de septiembre de 2020.
Fuentes vinculadas al gobierno provincial explicaron “en 2016, a poco de arrancar la gestión de Vidal, aparece esta deuda de la Provincia con el Banco que era todo lo que había aportado el banco a la Caja de Jubilados de ex empleados de la entidad por un monto que se estima en unos $16.000 millones y por eso la Provincia le entrega estos bonos al Banco para que puedan entrar al balance y empiece a cobrar intereses, ya que esa deuda estaba ‘en el aire’ sin estar asentada en los balances. Ahora se hace un canje con un canje un bono de $4.260 millones al Banco Provincia en un contexto de mercados cerrados”.
Pero a partir de la nota de Bonari, se expidió la subgerencia General del área de Finanzas. Y en uno de los párrafos de su dictamen establece que el ingreso del nuevo bono implicaría un resultado neto negativo para el Bapro de 510.301 pesos respecto de su valor de mercado al 25 de octubre de este año.
Anota otras observaciones. La primera, que la eventual aceptación del canje ocasionaría menores resultados contables por 2.222.848.000 pesos y una disminución de la liquidez proyectada por casi 4.900 millones de pesos.
También advierte que el eventual canje “podría generar una revisión a la baja del rating crediticio” de la entidad. Y añade que producto de la firma del plan de regularización y saneamiento suscripto con el Banco Central, la operación de canje debería contar la autorización de la autoridad monetaria nacional.
El otro dictamen que cuestiona la operación es el del área de Asuntos Legales del Bapro. Señala, por caso, que el nuevo bono que recibiría la entidad “tiene características que lo hacen sustancialmente inferior al título que el Bapro posee en su cartera”.
También se cuestiona que los nuevos títulos que la Provincia pretendería entregar al Bapro “carecen de garantía”, mientras que los actuales cuentan con el respaldo de la coparticipación. Y finalmente advierte que cualquier decisión que se tome debe contemplan “los riesgos legales y consecuencias económicas y financieras” sobre el patrimonio de la entidad.
“Bonari quiere deslindar responsabilidades y que firme el directorio del Banco lo que mandó y en el Banco quieren que se reescriba y que sea Hacienda la que selle la historia”, dicen fuentes de la entidad.En medio de esa tensión, el default parece más cerca.
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