AMIA: un cuarto de siglo después, la impunidad persiste

Veinticinco años después del cruento atentado contra el edificio porteño de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, corresponde una vez más, como se lo hizo en esta columna cada año, reclamar que se haga justicia y termine la impunidad para los autores de ese ataque terrorista, uno de los más trágicos atentados en la historia de nuestro país.

Se sabe que esta penosa herida sigue abierta y que el episodio permanece impune. Transcurridos ya veinticinco años, el Estado argentino no ha podido avanzar desde entonces en una investigación que, en su largo proceso de instrumentación, se vio dramáticamente condicionada por la también enigmática fuerte del fiscal actuante, Alberto Nisman, a cuyo cargo se encontraba la causa por el atentado contra la AMIA.

El ataque fue recordado ayer en un masivo y emotivo acto frente a la reconstruida sede de la mutual judía. Seguramente que el titular de la AMIA interpretó el sentimiento común al señalar que “mientras vivamos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994”. Tal como se informó en este diario, el homenaje a las víctimas del atentado terrorista comenzó a las 9.53 -hora del ataque- con el sonido de sirenas, campanas de iglesias y timbres en escuelas y espacios y organismos públicos de todo el país.

Lo que sigue quedando en claro es que semejante acto de atrocidad y barbarie exigía los máximos esfuerzos del Estado en procura de su esclarecimiento y del enjuiciamiento de los culpables. Sin embargo, aunque resulte doloroso señalarlo, es muy poco lo que se ha avanzado. La investigación judicial que se desarrolló terminó en la nada y -como se afirmó en su momento- no permitió ganar, ni siquiera, una batalla parcial contra la impunidad.

Las experiencias en otros países del mundo -que también han sido blanco de salvajes agresiones del terrorismo internacional- muestran que, a pesar de la vulnerabilidad de las naciones civilizadas frente a esta amenaza extrema, la Justicia ha podido avanzar con celeridad en la identificación de los autores materiales de muchos atentados.

En nuestro país, por aquella brutal agresión que costó la vida de ochenta y cinco argentinos, sólo se llegó al enjuiciamiento de un magistrado que llevó adelante la investigación del atentado durante casi diez años y que finalmente fue acusado de haber cometido graves irregularidades en el marco de esa causa.

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Los más grandes interrogantes, sin embargo, siguen sin respuesta. Y ni siquiera pudo completarse una investigación eficaz sobre los presuntos partícipes secundarios, con responsabilidades tangenciales en la trama siniestra que derivó en el ataque contra la mutual judía.

El atentado a la AMIA -y antes, el que se cometió en la Embajada de Israel- dejaron heridas profundas en toda la sociedad argentina. Fueron, como aquí se ha recordado en cada aniversario, la expresión de un odio irracional y de un desprecio absoluto por la vida.

El Estado argentino se ha mostrado impotente para evitarlos pero después exhibió una flagrante incapacidad para esclarecerlo y hacer justicia frente a tanto dolor. Lo que se siente y resiente es que la herida por AMIA sigue abierta. Y que se debe alzar de nuevo la voz del reclamo contra la impunidad y el olvido. Las víctimas y sus familiares merecen, desde ya, que el esfuerzo por esclarecer lo sucedido no se desvanezca. Pero -además- la sociedad argentina en su conjunto necesita que así sea. Hay que repetir lo que aquí ya ha sido dicho: todo el país fue víctima del horror y es víctima de la impunidad.