Otro barrio platense que perdió la paz por una usurpación

Hace poco tiempo se aludía en esta columna a la usurpación de tierras que se registra en Villa Alba, en la que unos trescientas personas invadieron un predio de propiedad privada, de ocho hectáreas de superficie, ubicado en 119 y 604, en una situación que en los últimos días se agravó y que según testimonios coincidentes de vecinos históricos se traduce en disparos de armas de fuego y peleas por la posesión de alguna parcela, de modo que la tradicional tranquilidad del barrio desapareció.

Ya en los primeros días se habían desatado conflictos de diversa índole en el vecindario, que se traducían en la falta de seguridad. Los vecinos dijeron estar sufriendo robos y amenazas, en tanto que, según el nuevo testimonio ofrecido, los ocupantes ilegales ya se habrían “enganchado”, a los servicios de luz y agua.

El dueño del predio usurpado y los vecinos radicaron las respectivas denuncias en una fiscalía platense, aunque todavía no tienen noticias sobre alguna orden de desalojo que pueda haberse dictado desde el juzgado de Garantías actuante. A su vez, dijeron también haber acudido a la comisaría de la jurisdicción para contar con presencia policial, sin haber obtenido respuestas sobre esa cuestión hasta la fecha.

Mientras tanto, desde que la usurpación tuvo lugar, en Villa Alba se experimenta una ostensible escalada de violencia, que atemoriza a los vecinos. Dijeron que cuando todo comenzó los disparos de armas de fuego se escuchaban de noche, pero ahora ocurren en pleno día. Aseguraron que rivalizan entre los propios usurpadores, que buscan todo el tiempo apoderarse de nuevas parcelas.

Tal como se dice ante cada usurpación, la metodología que usan quienes ocupan ilegalmente los terrenos es casi siempre la misma: se eligen los predios a usurpar, luego ocurre el “desembarco” siempre sorpresivo y veloz, la posterior limpieza y delimitación del terreno, para finalmente levantar viviendas precarias con materiales que, por lo general, son trasladados en camiones. Por último, el paso que da cuenta de la oscura trama detrás de las usurpaciones: los organizadores se encargan de vender o rematar las parcelas a familias sin viviendas.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos, pero, como se dijo siempre, es el Estado el que debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación

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Lo que está claro es que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegida a personas responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de intentar venderlas en forma fraccionada, generando -entre otras consecuencias irregulares- una suerte de urbanismo caótico que perjudica en forma integral a la sociedad. Además, tanto los propietarios ilegales como los vecinos históricos sufren a partir de allí las irregulares prestaciones de los servicios que infraestructura.

Correspondería señalar, además, que el Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito convertido en un verdadero flagelo social, pero también en injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución.