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Miguel Angel Abdelnur (*)
Miguel Angel Abdelnur (*)
En un reciente artículo, publicado en este diario, se puso al descubierto la trama de influencias, relaciones y favores recíprocos que han permitido, en todo tiempo, a determinados grupos de abogados acceder a cargos administrativos y docentes en la UNLP; nombramientos en organismos del Estado -especialmente en la Fiscalía de Estado- acceso a la magistratura judicial; asi como puestos relevantes en el Consejo de la Magistratura (ente encargado de nominar a los futuros jueces).
Para posibilitar un control absoluto de este aparato -asi lo revela Luciano Román en su artículo- estos abogados ocupan simultáneamente varios cargos o los distribuyen entre sus acólitos o subordinados, formando asi una suerte de “equipo” al servicio del Poder de turno, lo que les garantiza su continuidad.
El Colegio de Abogados de La Plata (CALP), decano de la colegiaciónlegal, ha sido una pieza codiciada para la conformación de esta trama; una suerte de trampolín hacia esas posiciones (y posesiones).
En rigor, los abogados que ejercemos diariamente la profesión y fatigamos, con tozudo sacrificio, los pasillos de tribunales, sabemos de la existencia de estos grupos y su relación con nuestro Colegio, pero no hemos hecho nada para evitar esta clara desviación de los objetivos colegiales, que no son otros que la preservación de nuestra independencia con respecto a los poderes de turno; la colaboración y vigilancia para que ocupen la magistratura los mejores abogados y no los mas influyentes; el apoyo irrestricto a la autonomía del poder judicial protegiendo a los buenos jueces y denunciando a los malos (¿Sabe el amable lector que el CALP en toda su centenaria historia jamas acuso a un juez ante un jurado de enjuiciamiento?); la defensa gratuita, pero real y efectiva de los pobres (¿Sabe el amable lector que entre los años 2012 a 2017 -por tomar un periodo de tiempo- solamente se derivaron 49 casos a los colegas de la matricula para ser atendidos y resueltos por la Justicia?). Estos objetivos y otros tan importantes señalados en nuestra ley de colegiación solo pueden lograrse si se ciñe la conducta dirigencial a su cumplimiento y no a procurar cargos públicos y gozar de los favores del Poder (la tentación del poder, como la califica Román).
Pero hace pocos años los abogados comenzamos a reaccionar. Quitándole horas al trabajo profesional, nos reunimos para tratar de terminar con este estado de cosas.
Al principio fuimos escépticos, porque la trama esta bien armada y consolidada, pero con el correr de los días se fueron sumando colegas deseosos de conseguir que nuestro Colegio afronte con valentía la aguda crisis de la profesión y de la justicia.
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El programa es sencillo: volver a las fuentes de la colegiación; no ceder a la tentación del poder; ayudar con los recursos del Colegio a los abogados noveles para que puedan ejercer su profesión, defendiendo especialmente a las personas de escasos recursos (¿Sabe el amable lector que el presupuesto estimado del CALP es para este año de 100 millones de pesos? ¡Imagine qué puede hacerse con una aplicación austera de estos fondos, direccionada a los fines colegiales, suprimiendo fiestas, ágapes, jornadas de autoelogio entre dirigentes y otras aplicaciones incorrectas) y, como ya dije, resguardando la independencia colegial, lo que equivale a asegurar la independencia de la Justicia y con ello el fortalecimiento de la República.
En eso estamos.
(*) Cofundador de Reunión de Abogados Independientes (RAI), integrada a la agrupación “Nuevo Colegio”
“El Colegio de Abogados de La Plata ha sido una pieza codiciada como trampolín hacia posiciones (y posesiones) codiciadas”
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