El Gobierno vuelve a la carga con su ley de Discapacidad y universidades

El Gobierno de Javier Milei vuelve a la carga con dos debates por los que ya sufrió un alto costo político: la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Ambas discusiones, que el año pasado unificaron a la oposición y derivaron en derrotas legislativas para el oficialismo, reaparecen ahora con nuevas estrategias y proyectos que buscan modificar los marcos vigentes.

Por un lado, el ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado una iniciativa que apunta a desarmar aspectos centrales de la ley de emergencia en discapacidad sancionada en 2025. El proyecto, titulado “contra el fraude de pensiones por invalidez”, reabre un conflicto sensible tanto en términos sociales como políticos.

La propuesta oficial introduce cambios estructurales. Entre ellos, elimina el nomenclador único que fijaba valores homogéneos para las prestaciones en todo el país, lo que implicaría que los precios pasen a definirse mediante negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores. También reduce la intervención del Estado y desvincula las actualizaciones de los aranceles del índice de inflación, lo que podría generar un atraso en los ingresos del sector.

Este rediseño impacta especialmente en el sistema solidario que sostenía a las obras sociales más pequeñas, ya que sin valores unificados podrían quedar en desventaja frente a actores con mayor capacidad financiera. La iniciativa, además, deja expuestas tensiones internas dentro del oficialismo respecto de la estrategia política para avanzar con reformas sensibles.

En paralelo, el frente universitario vuelve a activarse. Tras el revés judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento vigente, el oficialismo busca reflotar una reforma que le permita redefinir la asignación de recursos para las universidades. Este intento se inscribe en una disputa más amplia por el presupuesto educativo, en un contexto donde las casas de estudio denuncian una fuerte caída real de los fondos y del poder adquisitivo de los salarios.

La ley actual, aprobada por el Congreso y resistida por el Ejecutivo, establece mecanismos de actualización automática de partidas y salarios en función de la inflación.

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Ambos conflictos —discapacidad y universidades— no solo comparten origen en las tensiones por el ajuste del gasto público, sino también un recorrido legislativo similar: veto presidencial, insistencia del Congreso y posterior judicialización.

En ese marco, el oficialismo ensaya ahora una estrategia alternativa, avanzando con cambios parciales o nuevos proyectos en lugar de impulsar derogaciones directas que ya fracasaron.

El resultado es un escenario de alta conflictividad política y social. Tanto el sistema de discapacidad como el universitario involucran actores organizados, capacidad de movilización y amplio respaldo social, lo que eleva el costo de cualquier reforma. Con el Congreso como terreno de disputa y la Justicia como árbitro recurrente, el Gobierno vuelve a enfrentarse a dos de los debates más sensibles de su gestión, en un equilibrio inestable entre sus objetivos fiscales y las resistencias políticas que estos generan.