La necesidad de frenar los ataques contra escuelas de la Región

Hace ya mucho tiempo que los ataques a escuelas de la Región se han convertido en una suerte de inexplicable flagelo, en una situación que, de acuerdo a lo reseñado en el informe publicado ayer en este diario, no sólo no disminuye, sino que crece año tras año. Se habla de robos de material didáctico, destrozos en el mobiliario u otros daños en los edificios, cuyas consecuencias se traducen en la obligación para el Estado bonaerense de volcar gravosos recursos destinados a atender las consecuencias de esos delitos.

Tal como se detalló, el perjuicio económico es muy importante. El dato que surge de las estadísticas oficiales es que en 2019 los ataques vandálicos a los edificios escolares provinciales aumentaron, hasta el 17 de este mes, un 93,89 por ciento en comparación con todo 2018.

Fuentes de la cartera educativa indicaron que el año pasado se registraron en la Provincia 131 robos y/o ataques vandálicos contra escuelas de distintos distritos. Ello generó un gasto de 105 millones de pesos en refacciones.

En tanto, en lo que va de 2019 -concretamente hasta el 17 de este mes- ya hubo 254 episodios de vandalismo, lo cual demandó un gasto de más de 165 millones de pesos. ¿A qué equivale esa suma? Al costo que insumiría construir unos 15 jardines de infantes de cuatro salas. El dato no es menor si se tiene en cuenta que, de acuerdo a un informe del Observatorio de Calidad Educativa en base a datos oficiales, casi 1.400 niños y niñas bonaerenses no cuentan con vacantes en el nivel inicial de la enseñanza.

Desde luego que, tal como lo aseguran muchos docentes, el impacto emocional sobre las comunidades educativas que sufren un acto de vandalismo en su escuela es enorme. Dicen que se siente algo muy similar a cuando es intrusada la casa propia.

En muchos distritos provinciales el problema es preocupante y, en especial, inquieta aún más lo que se advierte en La Plata, donde se está dando un fenómeno que a las autoridades llama fuertemente la atención: está ganando terreno el vandalismo puro y duro, es decir, la rotura de documentos, material didáctico, útiles escolares, computadoras, equipos de sonido y hasta ataques en la cocina, sin que se registren elementos faltantes. En muchos casos, los malvivientes actúan sólo para romper y con mucha saña, sin que roben nada.

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Tal como lo destacó una funcionaria educativa provincial, el vandalismo contra las escuelas se enmarca en un problema social y cultural, condicionado por una suerte de violencia difusa. Asimismo, la seguidilla de ataques se traduce en una preocupación permanente para las comunidades educativas, amenazadas por la suerte que pueden correr los alumnos y, también, en los casos de los frecuentes saqueos, por las pérdidas de elementos valiosos para la tarea pedagógica, que además les resulta muy dificultoso recuperar. Ante esta situación se han buscado alternativas para reforzar los sistemas de seguridad de los establecimientos educativos para contrarrestar el avance de los episodios delictivos. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado hasta ahora, por lo visto, ineficaces.

Es evidente que en la mayoría de los episodios registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que seguramente incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse. Pero, lo que urge es que el Estado –especialmente a través del accionar policial- extreme recursos y estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.