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La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, denunció que el gobierno de Mauricio Macri estuvo detrás de una presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La presentación, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, es por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, respaldados con documentación con la que se pretenden demostrar las irregularidades a las que habrían sido sometidos la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli en el organismo recaudador.
Las auditorías internas, que demandaron varios meses, pasaron por distintas áreas del organismo, entre ellas la Dirección General Impositiva (DGI), la principal oficina para recaudar y fiscalizar, que hoy está a cargo de Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una clara persecución. Los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, reza el texto interno escrito por Marcó del Pont, y que basó su denuncia en cuestiones como la falta de notificación de una fiscalización, creación de grupos de control y funcionarios puestos a dedo con el solo fin de investigar a Cristina y su familia.
Se trató de una ampliación de la denuncia que en febrero pasado presentó la expresidenta, donde acusó a la Justicia, la AFIP y al Ministerio Público Fiscal de impulsar una persecución en su contra.
De acuerdo a lo descripto por la jefa de la AFIP, “se prescindió de la participación de Cristina Kirchner en procedimientos de determinación de oficio de sus obligaciones tributarias, aun cuando resulta ostensible que se contó con la evidente posibilidad de otorgarle intervención y, así, dar acabado cumplimiento a las normas legales vigentes”. Esto es, solo la notificaron de la investigación en el final del proceso, lo que no le habría permitido una apropiada defensa.
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Según advirtió la investigación interna de la AFIP, hubo una especial “selección de los funcionarios intervinientes” para indagar a la vicepresidenta y su entorno, lo que “constituye un grave señalamiento, considerando la arbitrariedad manifiesta que conlleva la intervención de funcionarios especialmente elegidos por la administración tributaria para escrutar la situación patrimonial de quien entonces era la principal dirigente política opositora”, apuntó Marcó del Pont, quien insistió en que Cristina Kirchner “fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros elementos del Estado”.
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