De los últimos 37 años, apenas uno no tuvo huelgas docentes

Por una educación de calidad. En defensa de la escuela pública. La educación es un derecho. Son apenas tres lugares comunes, entre decenas de ellos, que visitan desde hace décadas los discursos de los dirigentes sindicales y los gobernantes de turno. Pero “datos duros matan discursos”.

Un reciente trabajo del investigador David Jaume para el Observatorio Argentinos por la Educación dice que desde la vuelta de la democracia, en 1983, hasta el ciclo lectivo 2019, en la Provincia se perdieron por paros docentes 2,5 años de clases. Sí, demencial.

Agrega, asimismo, que sólo durante un año, 1984, no se registraron huelgas que paralizaran la enseñanza en el nivel primario.

Ello equivale a 455 días de huelgas docentes durante 37 años, es decir, un promedio de 12 días por ciclo escolar: el equivalente a casi dos semanas y media de actividad educativa.

La media nacional de paros anuales para el periodo analizado es de 12 días, de manera que la provincia de Buenos Aires se ubica justo en la línea del promedio a nivel país.

No obstante, en territorio bonaerense la conflictividad fue creciendo con el paso de los años, hasta que en 2018 se convirtió en la tercera de la Argentina en cantidad de huelgas (26), por detrás de Chubut (78) y Neuquén (53).

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Un relevamiento realizado por este diario en base a datos oficiales da cuenta de la creciente conflictividad. Por caso, entre 2002 y 2008 hubo un total de 33 paros, o sea, un promedio anual de 4,7. En tanto, entre 2012 y 2018 se registraron 111 días de paro, lo que equivale a 15,8 huelgas al año.

En el período 1983-2019, la Provincia tuvo 6 años con un mes o más de huelga cada uno; 23 años con entre una semana y un mes; 7 años con una semana o menos, y, como se mencionó, apenas un año sin paros.

“Es un derecho”

Que la educación pública es un derecho de los niños, niñas y adolescentes lo dice y lo reitera cada vez que puede la propia Organizaciones de Naciones Unidas (ONU). (Casi) nadie está en desacuerdo con ese postulado básico. Pero los dirigentes sindicales lo utilizaron cada vez que se insinuó declarar a la educación como un servicio público, lo cual, como ocurre en los hospitales públicos, habilitaría las protestas pero garantizando que los alumnos no queden desamparados. Esa medida fue tomada en Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, por ejemplo.

Así las cosas, el Estado se convierte en el garante de que se cumpla el “derecho a la educación” de los pequeños, pues ellos, como muchas veces se afirma durante los conflictos docentes, “no tienen gremios que los defiendan”. Pero lo cierto es que, como subraya el especialista Gustavo Zorzoli, el Estado no cumple esa función.

“Los datos del estudio confirman que tenemos un país que no puede cumplir con sus obligaciones educativas. El derecho de los niños y niñas a asistir a clases no sólo se ve afectado por las características propias de las familias, su entorno, las situaciones edilicias de las escuelas o las condiciones climáticas en las que desarrollan sus actividades, sino que es el propio Estado el que no puede asegurar las condiciones mínimas para que el hecho educativo ocurra”, advierte.

Respecto de la regulación de las huelgas en el sector educativo, el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Andrés Pérez, explica que “la eficacia de estos instrumentos está centrada en diferentes dimensiones del trabajo docente. En algunos casos se hace foco en el salario premiando la asistencia perfecta, con nombres variados como plus por presentismo en la provincia de Buenos Aires, adicional por asistencia perfecta en La Pampa o ítem aula en Mendoza”. El académico subraya además el caso de Santa Cruz, que en el 2018 implementó un mecanismo denominado “asistencia laboral docente perfecta”. “Esta norma no hace foco en el salario, sino en el puntaje de antecedentes que los docentes necesitan para tomar nuevos cargos, titularizarlos o jerarquizarlos”.

El autor del trabajo, David Jaume, puntualiza que “tras la vuelta de la democracia, el sistema educativo argentino se ha caracterizado por su elevado nivel de conflicto docente, con más de 3.000 paros nacionales y provinciales”.

“Aunque ninguna provincia está exenta de esta problemática, los paros docentes no afectan a todas por igual”, señala Jaume.

En ese contexto, vale detallar que desde 1983 hasta 2019 la provincia con el promedio anual más alto de paros docentes es Chubut (17 días).

Como se recordará, el año pasado Chubut tuvo un total de 88 días de paro, lo cual equivale a casi la mitad del calendario escolar de 180 días fijado por ley.

La siguen otras dos jurisdicciones del sur, como Santa Cruz y Neuquén (16 días cada una). A propósito, estas provincias y Chubut están entre las cinco que mañana no arrancan el ciclo lectivo 2020, junto con Santa Fe y Jujuy (ver aparte).

Volviendo al panorama histórico, en el ranking de provincias conflictivas continúan Tucumán, Río Negro y Jujuy (15 días de paro por año en promedio), y Chaco y Entre Ríos (14 días).

En el otro extremo, Formosa y La Pampa son las jurisdicciones con menor conflictividad en los últimos 37 años: tuvieron un promedio de 6 días de paro al año desde 1983. San Luis, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires (7 cada una) y Mendoza (8), completan la tabla de abajo (o de arriba, según cómo se la mire).

De 2002 a 2008 hubo 33 paros docentes en la Provincia. De 2012 a 2018 fueron 111

“El estudio confirma que nuestro país no puede cumplir con sus obligaciones educativas”