Entre el lawfare de Cristina y la sensación de impunidad

El enfrentamiento cada vez más corrosivo entre el kirchnerismo y el Poder Judicial pone al Gobierno en la disyuntiva de seguir alimentando el discurso del “lawfare” que patentó Cristina Kirchner y que apoyó Alberto Fernández, en medio de una sensación de impunidad que se expande en la sociedad por la liberación de ex funcionarios y dirigentes implicados en casos de corrupción.

En una reafirmación de su postura, la Vicepresidenta hizo por primera vez una defensa pública de los detenidos Ricardo Jaime y Lázaro Baez como víctimas de una persecución presuntamente montada entre jueces, el Gobierno de Mauricio Macri y medios de comunicación, que tenía como supuesto objetivo final apresarla a ella misma.

A su vez, Alberto F. viene de anunciar ante el Congreso una reforma de la Justicia federal para acabar con el “oligopolio” de los jueces asentados en los tribunales de Comodoro Py, una decena de magistrados que investigan delitos de corrupción. Aunque en Retiro piensan que la verdadera intención del proyecto oficial será diluir el poder de esos jueces.

Las suspicacias están a la orden del día: ayer circuló la versión de que las liberaciones de De Vido y Baratta pudieron ser una suerte de “vuelto” de Comodoro Py ante el proyecto de reforma judicial, porque se genera así una creciente sensación de impunidad que perjudica la imagen del Gobierno.

La administración de Alberto F. da señales ambiguas: un abogado de la AFIP viene de pedir ocho años de prisión para Lázaro Báez en una de las tantas causas en las que se encuentra imputado el empresario cercano al ex presidente Néstor Kirchner. Eso también levanta sospechas en el kirchnerismo.

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