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Hubo un cruce entre la expresidenta y la jueza suprema Highton. La liberación de Julio De Vido y el caso Milagro Sala agudizan el enfrentamiento político en torno a la Justicia
Highton de Nolasco fue la única integrante de la Corte en opinar / CSJ
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
La resonante liberación del ex ministro Julio de Vido; el pedido de intervención federal a la Justicia de Jujuy; el proyecto que recorta el régimen previsional de los jueces y el anuncio de una inminente reforma a la Justicia federal, elevaron la tensión política entre el oficialismo y los magistrados, en una escalada de la que participaron referentes de alto nivel como la vicepresidenta Cristina Kirchner y la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco.
El cruce entre Cristina y Highton resultó ostensible. La Vice sostuvo que en la Argentina se aplicaron “algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare (como define al supuesto plan de persecución de dirigentes opositores durante el Gobierno de Mauricio Macri) sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo”.
La réplica del alto tribunal no tardó en llegar y se concretó ayer en boca de la jueza Highton: “Los expedientes se van procesando a medida que corresponda y ya veremos, ya veremos, qué corresponde hacer con los expedientes”, sostuvo la magistrada en declaraciones al programa radial Ahora Dicen, que se emite por FutuRock. Además, dijo que más allá de la cantidad de jueces –en referencia al proyecto de reforma oficial- “lo que importa es su honestidad”.
La polémica entre el kirchnerismo y referentes del Poder Judicial tuvo también un costado poco decoroso, cuando el senador Oscar Parrilli –titular del Instituto Patria- afirmó que “ser juez hoy en la Argentina es como la sarna”. La contestación llegó por parte del presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, quien dijo que el dirigente de confianza de Cristina “carece de autoridad moral” para cuestionar a la Justicia.
Desde el oficialismo, también el Congreso Nacional del Partido Justicialista –que ayer sesionó en el microestadio de Ferro Carril Oeste- intervino en la polémica. A través de un documento en el que tuvo influencia el ministro del Interior, Wado de Pedro, planteó “preocupación por las detenciones arbitrarias que se han dado en la Argentina como consecuencia de procesos poco claros, de legislaciones de oportunidad y de presiones conocidas como Lawfare”.
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En la misma línea, el máximo órgano del PJ sostuvo que con “la intromisión de algunos funcionarios en la gestión anterior”, se consolidó “una manipulación para instalar en la sociedad una condena anticipada, en desmedro de la verdad real y objetiva que debe ser el fin de la Justicia”.
El pronunciamiento de la principal fuerza de la coalición gubernamental Frente de Todos tuvo lugar después de que la Justicia liberara al ex ministro De Vido (2003-2015) y a su ex mano derecha Roberto Baratta, uno de los principales señalados en la causa de los cuadernos de la corrupción. De Vido, que estaba con prisión domiciliaria, pasó ayer a notificarse de su nuevo estado procesal por los tribunales de Comodoro Py.
Allí, en medio de un enjambre de micrófonos, sostuvo que “todas las persecuciones fueron orquestadas a partir del Lawfare”; dijo que “durante el kirchnerismo no hubo corrupción” y auguró que “la causa de Once (por la tragedia en la que murieron 51 personas) se va a caer”. Por si fuera poco, rechazó vinculación con el hombre de los bolsos, José López, a quien señaló como motivado por “el odio y la traición”.
Sobre De Vido pesa una condena a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta de bienes del Estado, en este caso los trenes metropolitanos, pero la condena aún no se encuentra firme y aguarda un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal. El ex ministro fue liberado en el marco de la causa por irregularidades en la mina de Río Turbio.
Otro caso emblemático es el de la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, quien se encuentra en prisión domiciliaria, aunque ya tiene una condena firme por parte de la Corte Suprema nacional. Ayer el gobernador de la provincia norteña, el radical Gerardo Morales, dijo en tono dramático al programa Lanata sin Filtro, de Radio Mitre: “Antes de firmar un indulto, que me peguen un tiro en la cabeza”.
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