¿Por qué están liberando presos de las cárceles de la Provincia?

Más de mil internos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires fueron beneficiados en las últimas tres semanas, desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, con la prisión domiciliaria. Las liberaciones –o “externaciones” en términos oficiales- son justificadas por las autoridades políticas y judiciales en la “superpoblación” de los penales bonaerenses. Y provocan la alarma de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que impulsan sus derechos.

Entre los presos que son enviados por los jueces de ejecución penal a cumplir la condena a sus domicilios hay detenidos por consumo de estupefacientes, narcomenudeo y hurto. Las directivas de la Suprema Corte bonaerense a los magistrados y de la Procuración a los fiscales advirtieron que no deben externarse reclusos que cometieron delitos graves, como homicidios, femicidios y abusos sexuales. Pero el criterio de algunos jueces no genera confianza en la sociedad civil.

De hecho, fuentes oficiales admitieron a EL DIA que de los más de mil externados en las últimas semanas, unos 250 no padecen enfermedades de grupos de riesgo, como el HIV, tuberculosis o diabetes; ni tienen más de 60 años. Y en el caso de las reclusas, no todas las liberadas son embarazadas o madres con hijos pequeños. No obstante, advirtieron el sistema penitenciario de la Provincia quedaría “al borde de una tragedia” humanitaria de no realizarse las externaciones.

La situación de las cárceles bonaerenses es, por lejos, la más grave del país. A diciembre del año pasado, había 45.582 detenidos en unidades penitenciarias; 4.076 en comisarías; y otros 1.948 con prisión domiciliaria. En total, sumaban 51.606 reclusos. De acuerdo a las estimaciones de la ONU, las plazas no deberían exceder las 24.000. El Servicio Penitenciario estira ese número a 31.000, en base al concepto de “capacidad adaptada”. Las cuentas son sencillas: sobran 20.000 presos.

El hacinamiento es justamente la peor condición para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasaría si el coronavirus entra a las cárceles? “Si el virus entra a la cárcel, van a salir presos a granel”, reconoció un funcionario del gobernador Axel Kicillof y precisó que la recomendación de la OMS impone que el 10% del espacio físico de cada unidad penitenciaria sea destinado a un sector de aislamiento para los infectados. En las cárceles bonaerenses, eso es impracticable.

Aunque no lo digan abiertamente, el temor de las autoridades políticas y judiciales de la Provincia es también que estallen motines como los que ya sucedieron en Santa Fe, donde fueron sangrientos. De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las cárceles que están al tope de la “lista roja” en ese sentido son las de Olmos, Florencio Varela, San Martín, Batán y La Matanza, donde las condiciones de detención y las características de los presos hacen un combo explosivo.

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En términos legales, la externación de presos se basa en un recomendación de la Suprema Corte bonaerense a los jueces de ejecución penal –de diciembre pasado, antes de la pandemia- y en un fallo de la Cámara de Casación provincial, en el que se indicó que la liberación será transitoria –mientras dure la crisis sanitaria- y que luego será reevaluado caso por caso. Sin embargo, los familiares de las víctimas temen que no suceda, porque implicaría “una restricción de derechos”.

En una presentación ante la Cámara de Casación, la organización Usina de Justicia manifestó su “más firme oposición a la serie de decisiones judiciales masivas a través de las cuales se están concediendo prisiones domiciliares en violación a la normativa nacional y local que las regula”. Con la firma de Diana Cohen Agrest, advirtió que “todos presentaban peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y, justamente por ese peligro, fueron puestos en prisión”.

“Peor aún, en muchos casos en lo que ahora se decide otorgar prisión domiciliaria, los detenidos se encontraban cumpliendo una condena firme. Por lo tanto, absolutamente todas las prisiones habían sido decretadas porque debía cumplirse el proceso, o la condena, en prisión efectiva”, aseguró UJ. Así como la cuarentena plantea la disyuntiva entre salud o economía, en las cárceles se verifica una encrucijada que bien podría definirse como la necesidad de evitar “el mal peor”.