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Tenedores de bonos en moneda extranjera emitidos por la provincia de Buenos Aires comunicaron ayer su rechazo a la propuesta de reestructuración que presentó la semana pasada el gobierno de Axel Kicillof, que contempla un período de gracia de tres años y quita en el capital e intereses.
“Lamentablemente, en lugar de entablar negociaciones con el comité, la Provincia optó por lanzar una oferta de intercambio que no se basa en políticas creíbles que los acreedores puedan apoyar”, explicaron desde el comité directivo del grupo Ad Hoc de bonistas bonaerenses.
La postura marca el primer revés para la gestión de Kicillof en este intento de reestucturación que puse en marcha en línea con la propuesta lanzada por el ministro de Economía nacional Martín Guzmán.
Desde el grupo Ad Hoc, además, admitieron ayer que esta postura “probablemente haga fracasar la reestructuración, llevando a un potencial cesación de pagos y un prolongado período de incertidumbre que inhibirá la inversión y la recuperación económica de la provincia”.
El grupo aseguró que posee más del 40 por ciento de la deuda por US$ 7.148 millones y aclaró que revisó “los términos propuestos y no apoyará esta propuesta” ya que “los términos de la oferta no reflejan la verdadera capacidad de pago de la provincia, no dando lugar a una solución consensuada”.
“La reestructuración de la provincia debe basarse en una evaluación de su situación financiera, siendo ésta diferente de la del gobierno nacional. Argentina tiene un amplio mercado para la deuda provincial, y su visibilidad y acceso de las provincias al crédito depende de criterios objetivos, cooperación y buena fe entre emisores e inversores”, señalaron.
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La oferta presentada la semana pasada por el Ministerio de Hacienda bonaerense prevé una quita del 55 por ciento en los intereses y una reducción en el capital del 7 por ciento con tres años de gracia.
Con la nueva oferta el Estado provincial dejaría de pagar, en lo que resta del año, unos 900 millones de dólares y debería hacerse cargo del primer cupón de la deuda reestructurada recién en 2023 y solo por unos 130 millones de dólares. Mientras tanto, pagaría únicamente la deuda en pesos o con organismos internacionales de crédito.
La propuesta estuvo con línea con la presentada por el Gobierno nacional a los acreedores con bonos también con ley extranjera. El ministro Martín Guzmán pidió no pagar hasta 2023, una quita del 65 por ciento en intereses y 5 por ciento de capital.
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