Cerca de 1.400 detenidos bonaerenses ya consiguieron la prisión domiciliaria

Datos oficiales no se brindan. Como si fuera uno de los secretos mejor guardados, conocer el número exacto de detenidos en penales y comisarías que lograron el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia, se ha vuelto misión imposible. Pese a ese hermetismo que rodea tanto a la Justicia como el Ejecutivo bonaerenses, trascendió que en las últimas semanas unos 1.400 presos fueron excarcelados.

En el universo de salidas hay que anotar a los detenidos incluidos en el hábeas corpus colectivo presentado por los defensores oficiales para los incluidos en los grupos de riesgo por el coronavirus al que hizo lugar el juez de Casación, Víctor Violini.

Pero dentro de ese número de 1.400 beneficiados hay casos de detenidos que no estarían comprendidos en esa presentación.

De acuerdo a lo que estiman fuentes de la Procuración de la Suprema Corte, ése sería el número de beneficiados, que se podría estirar a cerca de 1.800 que están incluidos en el “grupo de riesgo” con alta posibilidad de contraer el virus.

Desde que se declaró la pandemia y hasta el 22 de abril, la cifra de excarcelados ascendía a 800, según trascendió. El número prácticamente se duplicó en una semana.

En medio de una fuerte polémica por las prisiones domiciliarias, tanto los gobiernos nacional como bonaerense salieron a tomar distancia de estas decisiones judiciales, en sintonía con el creciente malestar de vastos sectores sociales que están organizando una protesta para hoy.

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A la par, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

Ese es el panorama en los penales bonaerenses. En las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, 320 detenidos dejaron los penales, la mayoría de ellos con el beneficio del arresto domiciliario.

POBLACIÓN VULNERABLE

En medio de las presentaciones judiciales, el Servicio Penitenciario Bonaerense había realizado un relevamiento sobre su población vulnerable al coronavirus al comienzo de la pandemia. En ese listado aparecían 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías: 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa. Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. En los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.

La decisión de Violini fue apeladas por el fiscal Carlos Altuve ante la Suprema Corte, pero todavía no se concedió el recurso.

En tanto, la Defensoría General de la Nación (DGN) recomendó a sus funcionarios renovar o instar “la agilización de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro” de los acusados que se encuentran detenidos “en situaciones específicas”, con el objetivo de “reducir el hacinamiento carcelario”.

Según la Defensoría General, esas “situaciones específicas” refieren a presos incluidos en el grupo de riesgo ante el coronavirus y detenidos con prisión preventiva por delitos leves o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos por ley.

También incluye a los condenados por “delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena impuesta y personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión”, entre otros casos.