La prestación del servicio de ómnibus en la Región debe ser plena y confiable

Pese al aumento del número de casos que se registra en el país –esencialmente, en el área metropolitana- y a que, según los especialistas, aún no se ha llegado al pico de la pandemia, parece lógico e ineluctable suponer que la cuarentena, más tarde o más temprano, seguirá flexibilizándose, con las graduales rehabilitaciones de distintas actividades. Ello irá derivando en una mayor presencia de personas en la vía pública y en la necesidad de que la Ciudad cuente a pleno con sus estructuras de transporte y de tránsito urbanos.

En ese contexto es que resultó preocupante la decisión de las cámaras del sector automotor de reducir a la mitad la frecuencia de los micros, como consecuencia, según se invocó, de atrasos en los pagos de los subsidios del gobierno nacional y provincial para mantener congelado el precio del boleto.

Las distintas empresas que gestionan las líneas de micros afirmaron que sin esos aportes se hacía imposible sostener los gastos operativos. Por ese motivo resolvieron hace pocos días reducir en un 50 por ciento la frecuencia con la que circulan las unidades del servicio de transporte público, aunque anteayer la medida se levantó porque un pago descomprimió la situación, según informaron.

Esa decisión se tomó después de una jornada en la que menudearon las protestas de los usuarios de distintos puntos de la Ciudad por demoras en las frecuencias de las unidades, por colectivos que pasaban de largo y por el consiguiente “amontonamiento” de pasajeros en las paradas. Lo cierto es que el lunes pasado, durante el feriado del 25 de Mayo, los micros no circularon, y el martes de esta semana habían retomado los viajes pero a “media máquina”, tal como se detalló.

Se sobreentienden –y también se padecen- las restricciones y las penurias que padecen en mayor o menor medida todos los sectores. Existen, sin embargo, actividades que demandan mayores esfuerzos por parte de quienes las desarrollan, en especial cuando se habla de aquellas que integran los llamados servicios públicos, como es el caso del transporte de pasajeros. Se trata de prestaciones esenciales, que deben brindarse en plenitud a lo largo de los doce meses del año.

En el caso de las líneas de colectivos, existen incumplimientos que suelen presentarse en varias ocasiones, ya sea en los períodos de vacaciones o en días feriados. Estos tipos de incumplimientos, según se lo señalan no pocos entendidos en el tema, cuentan con una suerte de tácita venia por parte de las autoridades y formarían parte de lo que se llama un “aumento encubierto del boleto”. En lugar de cobrar más por los viajes, las empresas reducen la cantidad de frecuencias y, de ese modo, disminuyen los gastos. El perjuicio lo pagan los pasajeros con sus plantones en las paradas.

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Lo ocurrido estos días en la Ciudad, que podría formar parte de una medida de protesta a raíz de un incumplimiento oficial en el pago de subsidios, se tradujo igualmente para los usuarios en una enorme dificultad para concretar sus traslados, en una situación que no debiera repetirse.

Los prestatarios de servicios públicos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, no pueden alegar circunstancias de ningún tipo para intentar justificar incumplimientos a los contratos de concesión firmados con organismos oficiales. Si bien la cuarentena podría esgrimirse como causal eximente –aquí, lo que se alegó, fue la falta de pago en tiempo de un subsidio- el derecho de los habitantes a disponer de servicios de transportes no puede quedar relativizado.

Es imperioso que las autoridades revisen y prevean situaciones, de modo de asegurar que el transporte de pasajeros en la Región cumpla en debida forma, tanto en lo que se refiere a los horarios como a la cantidad de unidades en servicio y a la certeza de los recorridos programados, para garantizar así el cumplimiento de una prestación confiable y eficiente.