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El resto negoció o rescindió el contrato. Monotributistas y estudiantes, entre los más complicados. Hubo operaciones para renovar vínculos con aumentos de hasta el 40%
Gustavo Papa
gustavopapa@eldia.com
Para sorpresa del sector inmobiliario, los inquilinos de viviendas tienen un alto índice de pago del alquiler desde que arrancó la cuarentena. Por vía bancaria o en forma personal, entre el 85 y 90 por ciento cumplió con esta obligación. El resto pagó en forma parcial o directamente negoció con los dueños y martilleros pagar en octubre, cuando se vence el plazo de gracia que impuso el decreto 320/20, que impuso condiciones a locadores, locatarios e intermediarios.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que hay dos sectores que tuvieron complicaciones para afrontar el pago: monotributistas y autónomos, que dependen de su trabajo para generar ingresos y estuvieron complicados por las restricciones impuestas por la cuarentena generada por la pandemia del coronavirus.
También hubo casos de alumnos universitarios que volvieron a sus ciudades al no comenzar las clases presenciales en las casas de altos estudios de la Ciudad. “Si bien hubo un buen comportamiento de la mayoría de los estudiantes y sus familias que en alta proporción decidieron pagar a pesar de tener los departamentos vacíos, hubo otros que optaron por esperar hasta el 30 de septiembre, cuando se vence el decreto 320 que prohíbe desalojos, y posterga pagos para octubre”, dijo una de las fuentes consultadas por este diario.
“La tendencia sigue igual que en abril y mayo, cuando el porcentaje de pago de alquileres rondó entre el 78 y 80 por ciento. Ahora estimamos que en junio el pago alcanzará un 85 por ciento”, dijo Marcelo Babenco, referente entre los martilleros locales y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires.
Estela Valverde, otra martillera con marcada trayectoria en el rubro, hizo un diagnóstico más positivo aún: “El cumplimiento ronda el 90 por ciento. Hay muy buena voluntad de pago, y un estado de negociación casi ideal, porque ambas partes, en casos en los que se vencieron los contratos, renovaron cediendo una parte cada uno”.
La profesional dio detalles: “la mayoría de los contratos que vencieron por estos meses tuvieron un ajuste del 40 por ciento. En nuestro caso no hubo inquilinos que utilizaron el decreto 320 y se aceptaron las nuevas condiciones económicas. Y los propietarios cedieron su parte porque el incremento anual de 2019 rondó el 57 por ciento”.
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A nivel país, según la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) el cumplimiento del pago de alquileres ronda el promedio del 79 por ciento, por lo cual La Plata está por sobre ese índice país. Ese estudio que incluye hasta los pagos de mayo, también indica que el 13 por ciento de los inquilinos hizo pagos parciales, el 7 por ciento no cumplió con el compromiso y el 1 por ciento rescindió el contrato.
Esos datos contrastan con la asociación Inquilinos Agrupados que marca que la mitad de los inquilinos del país tiene dificultades para pagar el alquiler de este mes.
Los monotributistas y autónomos, pequeños comerciantes y el que trabaja por su cuenta, sectores entre los que la gran mayoría no recibe subvención de ningún tipo, conforman el sector que presentó dificultades para pagar el alquiler, según describieron en el sector inmobiliario local.
Sobre el renglón de los inquilinos universitarios, los profesionales locales describen que “hay estudiantes que siguen pagando el alquiler aunque no ocupen el departamento porque buscan mantener el precio y entienden que en algún momento se van a retomar las clases presenciales. Otros negocian para pagar más adelante o negocian un pago parcial y están aquellos, los menos, que directamente rescindieron el contrato y ya no piensan volver a la Ciudad para retomar la carrera, al menos por este año”.
A nivel nacional, en cambio, casi la mitad de los inquilinos reportó problemas para pagar el alquiler
También indicaron que entre los inquilinos de la Ciudad, el 80 por ciento de los casos no se acogió al decreto 320/20, que impide aplicar ajustes a los precios de locación y terminan renovando con aumentos, al entender que “los valores quedaron muy atrasados”. El 20 por ciento sí adhirió a la normativa. “Unos porque no pueden realmente y otros porque especulan”, remarcó Babenco, quien recordó que una vez que pase el 30 de septiembre, tendrán que afrontar entre 3 y 6 cuotas el pago del alquiler que no hicieron y los ajustes que podrían haberse realizado al vencimiento del alquiler en plena cuarentena.
Valverde resaltó que “no tenemos inconvenientes, siguen con las mismas buenas conductas de pago”, en referencia a los inquilinos de viviendas, pero a su vez resaltó que “nos está empezando a preocupar la rescisión de algunos contratos, casos muy particulares, principalmente de gente que se quedó sin trabajo”.
Según la martillera local, sólo un 10 por ciento se acogió al decreto 320. El resto renueva con el marco de negociaciones realistas entre ambas partes: locadores y locatarios. Y dijo que en su caso, “autónomos y monotributistas priorizaron el pago de alquileres y en su mayoría ha priorizado el compromiso con el espacio que habita”.
Desde abril, el pago de alquileres se lleva a cabo mediante sistemas bancarios y en forma personal. En el primer caso, por transferencia bancaria vía CBU, o por depósitos en cuenta de los propietarios de las inmobiliarias. En el caso presencial, los inquilinos tienen que pedir turno para concurrir a la oficina del intermediario. Lo mismo ocurre cuando el propietario de la vivienda tiene que cobrar el dinero por el alquiler: entrega su CBU a la inmobiliaria para percibir el dinero o bien pide turno para concurrir a la inmobiliaria y recibir el fondo en efectivo.
Qué dice el decreto de necesidad y urgencia 320/20. Prevé la prórroga de contratos que vencen entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre. Esto significa que el inquilino tiene la opción de renovar el contrato con los ajustes que se dispongan o bien esperar hasta el 30 de septiembre. También comprende la suspensión de ejecución de sentencias de desalojos hasta fines de septiembre. Y la suspensión de desalojos por falta de pago, hasta el último día de septiembre. A su vez, comprende el congelamiento del precio del alquiler, al precio de marzo de este año y por el plazo que marca el decreto: el 30 de septiembre próximo. El locador (o la inmobiliaria), tiene la obligación de brindar un número de CBU para que el inquilino pueda abonar el alquiler.
Cabe remarcar que todos los incrementos o ajustes se podrán pagar entre 3 y 6 cuotas a partir del mes de octubre. Y otro dato no menor es que si el propietario acredita que necesita el monto del alquiler para vivir, puede aumentarlo porque el decreto exceptúa a aquel locador que acredite que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria. Pero sólo puede aumentar si lo había previsto en el contrato. Un dato clave es que si el inquilino no puede pagarlo, no tiene derecho a desalojarlo porque el decreto suspendió ese proceso hasta el 30 de septiembre. ¿De qué forma prueba que vive del alquiler? Es importante que tenga el contrato declarado ante la AFIP. Respecto a las “pruebas” se recomienda presentar resúmenes de las cuentas bancarias con los movimientos, gastos de tarjetas de crédito, el título de la propiedad que habita y declaraciones de bienes personales, remarcan especialistas en el rubro.
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