"Los términos legales que propuso el grupo Ad Hoc son imposibles de cumplir", advirtió Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que el gobierno argentino solo va a comprometerse “con términos contractuales que reciban el aval del G20, el FMI y de la comunidad internacional” en la negociación que lleva adelante con los acreedores para resolver el tema deuda, al ratificar el rechazo al pedido del denominado Grupo Ad Hoc para que los bonos del canje sean emitidos con las cláusulas similares a las del año 2005.

“Los términos legales que propuso el grupo Ad Hoc son imposibles de cumplir”, advirtió Guzmán, y sostuvo que Argentina solo va a comprometerse “con los términos contractuales que reciban el aval del G20, del FMI y de la comunidad internacional”.

El ministro de Economía participó esta tarde de una conferencia virtual organizada por el Council of the Americas (COA) y la Americas Society (AS), en la que expuso sobre las medidas tomadas por el país para llevar adelante una reestructuración sustentable de la deuda en medio de la pandemia de coronavirus.

Sobre la negociación puntual con los bonistas, Guzmán dijo que si bien existen puntos de acuerdo con un grupo de acreedores involucrados en el proceso de reestructuración, con el grupo Ad Hoc “ha sido más difícil” llegar a un entendimiento.

“Estos términos legales básicamente implicarían un retroceso en el progreso en los últimos años en términos del lenguaje contractual, y eso no es algo con lo que Argentina pueda comprometerse”, sostuvo Guzmán.

El funcionario diferenció a los acreedores en, al menos, dos grandes grupos, y señaló a uno de ellos, el denominado AD HOC, como el responsable de poner trabas contractuales que van en contra de las normas utilizadas por los países del G20 para los procesos de reestructuración de la deuda.

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El pedido del Grupo Ad Hoc –dentro del cual se encuentran BlackRock Inc y Ashmore Group- fue que los títulos que entregará la Argentina para reestructurar su deuda sean emitidos bajo los parámetros empleados en el canje de 2005, que –entre otras cosas- exigen la aprobación de al menos el 85% de los bonistas para una reestructuración, en comparación con el umbral del 75% existente en los títulos emitidos a partir de 2016.

“Estos términos legales básicamente implicarían un retroceso en el progreso en los últimos años en términos del lenguaje contractual, y eso no es algo con lo que Argentina pueda comprometerse”, dijo Guzmán.