Intimidaciones a periodistas que deben ser esclarecidas

Las agresiones, amenazas, persecuciones, escraches y otros métodos violentos de ataques a periodistas por las informaciones y opiniones que emiten son actos absolutamente contrarios a elementales principios de convivencia, que tanto costó recuperar a nuestro país en 1983 cuando se restableció el sistema democrático con el concurso de todos los sectores políticos y sociales. De allí que, en la medida en que se vayan presentando, estos episodios deben ser prontamente esclarecidos y, en su caso, condenados los culpables.

Tales expresiones surgen a raíz de los mensajes intimidatorios que el periodista Luis Majul denunció haber recibido el 14 de junio pasado su teléfono, por lo que concretó una presentación ante la justicia penal. El periodista dijo que, dado el tenor de los mensajes, estos podrían haber sido enviados por un “loquito suelto”, así como también por algún allegado a la actual vicepresidenta de la República. En esa línea, sostuvo que la vicepresidenta lo acababa de acusar, junto a otros periodistas, de formar parte de una asociación ilícita “para perseguirla”.

En ese contexto, se conoció ayer un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y del Foro de periodismo argentino (Fopea), en el que las entidades respaldaron a los periodistas Majul, Nicolás Wiñazki y Daniel Santoro, luego de que el primero de ellos leyera en el programa televisivo “La Cornisa” una carta en la que denunció una campaña sistemática contra periodistas y anunció que se presentaría ante la Justicia.

Adepa evidenció su inquietud por el hecho de que “figuras políticas hayan vuelto a elegir a medios y periodistas como sujetos de estigmatización en el discurso público”, y desde la institución aclararon: “No nos referimos a la réplica o el debate frente a informaciones u opiniones, prácticas siempre bienvenidas en una sociedad democrática, sino a señalamientos personales que pueden conducir a la intimidación o la agresión”.

Siguió aludiendo a la carta de Majul “en la que relata una serie de ataques de sectores políticos y sindicales contra su persona y anticipa el inicio de acciones judiciales en el plano local e internacional”. Añade que “la estigmatización y la persecución de periodistas por investigar al poder son incompatibles con el clima de respeto a la libertad de expresión que la democracia exige a todos los ciudadanos, y en particular a las figuras políticas”. Por último, Adepa reiteró que “los llamados ‘escraches’ contra periodistas por parte de actores políticos o institucionales constituyen una peligrosa invitación a la violencia verbal y física”.

Por su parte, Fopea expresó su solidaridad con Majul, Wiñazki y Santoro y resaltó en un comunicado que estos periodistas “vienen sufriendo una campaña pública de hostigamiento en las últimas semanas”. En ese sentido, se refirió a un comunicado difundido por esta entidad el 13 de junio en el que, subrayando la importancia de la libertad de expresión, dijeron: “Reiteramos que la narrativa estigmatizante contra periodistas es un retroceso en nuestra construcción democrática. Forma parte del intento de desprestigiar las investigaciones periodísticas contra la corrupción”.

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Funestas consecuencias

Está claro que quienes concretan estos ataques persiguen el obvio propósito de sembrar inquietud y de ayudar a crear un clima político de zozobra y de temor. En los casos de las amenazas anónimas, apelan, en general, a metodologías que hacen difícil su esclarecimiento. Sin embargo, deben agotarse las posibilidades parar tratar de individualizar a sus autores.

Todas las agresiones y amenazas revisten, por supuesto, una marcada gravedad, en el sentido de que ninguna de ellas debe ser subestimada. Y frente a esta situación, el Estado no sólo tiene la obligación de investigar sino además de garantizar la integridad y tranquilidad de las personas amenazadas.

Este tipo de actos merece el más enérgico repudio de toda la sociedad. El país vivió una profusa y lamentable experiencia en épocas anteriores y resulta, por consiguiente, primordial que desde todos los sectores se alcen voces para condenar el accionar de quienes buscan por esta vía atentar contra pautas básicas de la convivencia civilizada.