Inexplicable inacción del Estado frente a las tomas de terrenos

La completa inacción en algunos casos y, en otros, la intervención tardía de los organismos estatales para impedir que se concreten acciones delictivas, no sólo constituyen actos que lesionan derechos de las víctimas, sino que terminan por persuadir a mucha gente de que lo que resulta decisiva en la vida social es la “ley de la selva”, en la que se impone la fuerza de unos pocos por sobre el respeto a una forma de vida civilizada, basada en los mandatos de la Constitución y del resto del cuerpo normativo.

Tales consideraciones valen para contextualizar el flagelo de las usurpaciones de tierras en nuestra zona –una de las más castigadas del país por ese fenómeno-, con profusión de enfrentamientos entre intrusos y vecinos que incluyen, además, cruentas batallas campales entre los grupos mafiosos que se disputan entre sí la posesión de tierras que no les pertenecen.

En la jornada de ayer, tal como lo reflejó este diario, se cumplieron seis meses de la denominada megatoma de Los Hornos, un predio de más de 150 hectáreas enmarcado entre las calles 76 y 90, desde 141 hasta 155, convertida en la mayor usurpación en el territorio bonaerense y que se sigue consolidando.

Por otro lado, también en la víspera se conocieron inquietudes vecinales en City Bell por el accionar de un grupo conocido como “los misioneros”, que han intentado tomar casas y que no dejan de amenazar a la gente. Se concretaron, asimismo, usurpaciones en San Carlos y en la zona ferroviaria de Tolosa, mientras que en la localidad de Guernica, a unos 40 kilómetros de nuestra ciudad, se está desarrollando en estos días otro intento de megatoma de un campo de unas 35 hectáreas ubicado entre los barrios Numancia Sur y San Martín y donde hace casi un mes se instalaron alrededor de 800 personas.

Se reseñó que los intrusos ocuparon las tierras y levantaron casillas, montando un verdadero asentamiento. Según explicó el propietario del campo, se trata de familias que llegaron desde otros puntos del Gran Buenos Aires, e incluso de capital federal.

En estos y en muchos otros casos similares –por caso en Olmos, Melchor Romero, Los Porteños, Villa Elisa y otras zonas de la periferia- los vecinos reclamaron en tiempo y forma y, como es habitual, salvo excepciones, en pocas oportunidades el accionar del Estado se hizo ver y sentir para impedir los despojos.

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La zona de La Plata ha sido señalada por las autoridades como la más álgida de la Provincia en materia de usurpaciones, a la vez que aseguraron que el delito de usurpación se viene cometiendo de una manera organizada y sistemática. Por otra parte, los numerosos heridos y los daños materiales que causan estos episodios resultan una prueba más que elocuente, tanto como lo es la necesidad de los pobladores de apelar con suma frecuencia a la justicia, a la policía y a la gendarmería para que intervengan.

Se ha dicho muchas veces –y vale repetirlo- que todos los habitantes tienen derecho a una vivienda digna, pero que es el Estado el que debe allanar ese acceso mediante los planes correspondientes. No dándole luz verde al arrebato y al vale todo, bajo ningún pretexto. Lamentablemente, como se ha dicho también en esta columna, impera una jurisprudencia de la Suprema Corte que le ata las manos a jueces, fiscales y a la policía para enfrentar este verdadero flagelo que hoy castiga a miles de platenses.

Desde luego, no pueden dejar de mencionarse aquí supuestas especulaciones políticas que también incidirían, aunque en definitiva ellas sirven para darle luz verde al afán de lucro de grupos mafiosos que, una vez arrebatado el predio lo lotean para vender las parcelas a bajo precio.

Las leyes no son cartas de buenas intenciones: existen para ser cumplidas. Lo mismo vale para las planificaciones urbanísticas. Los organismos del Estado deben actuar con rapidez cuando no se cumplen los mandatos legales y los imperativos técnicos. La población reclama para que este problema –u otro análogo, que conlleve alguna cuestión de naturaleza social- sea resuelto haciéndose respetar las normas, buscándose soluciones racionales, sin permitir en cambio que la vida de la comunidad quede en manos del vale todo o el sálvese quien pueda.