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José Picón
jpicon@eldia.com
Hace algunos días se publicó una encuesta nacional en la que se daba cuenta de que al tope de las inquietudes ciudadanas aparece el ítem “corrupción”. Casi el 28 por ciento de los consultados sostuvo que los hechos reñidos con la decencia en el ejercicio de la función pública constituyen, en estos tiempos de pandemia y crisis económica, su principal preocupación. El 88 por ciento de aquellos que señalaron a la corrupción como su principal preocupación votaron a la oposición en las elecciones del año pasado.
El dato ayuda a comprender, al menos en parte, la naturaleza de la marcha del lunes. También, su nutrida convocatoria. No resulta casual que parte de las consignas de la demostración pública que se concretó en Capital Federal y en distintas ciudades del país hayan tenido a la reforma judicial que impulsa el Gobierno como principal estandarte. Existe una asociación entre aquél proyecto y las causas que se ventilan en la Justicia que tienen como apuntados desde la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, como a varios funcionarios y empresarios vinculados a aquél gobierno. Al menos así lo entiende el sector social que se movilizó ante el temor de que aquellos procesos terminen de alguna forma licuados por el eventual avance sobre la Justicia. El Gobierno, por lo demás, se encargó de alimentar esa sospecha al ubicar como uno de los miembros de la comisión que se encargará de asesorar en la reforma judicial a Alberto Beraldi, nada menos que el abogado de la propia Cristina Kirchner.
Aquél reclamo no fue el único aunque pareciera surgir como la punta de lanza de un malestar mayor. La marcha expresó también un sonar frente al temor al avasallamiento de las libertades individuales que se corporiza, de alguna forma, en el hartazgo social a la continuidad de una cuarentena interminable.
La demostración pública deja expuesto un mensaje hacia el oficialismo. Existe un sector social activo que, aún con sus contradicciones a cuestas, aparece dispuesto a expresarse en forma pública cuando no lo satisfacen las políticas del Gobierno.
La marcha también interpela a la oposición. Plantea un reclamo de representación que incomoda a sectores de Juntos por el Cambio, en especial a aquellos que creen que aún no es tiempo de lanzarse a una confrontación con el Gobierno y que preferirían ver a los representantes del ala dura del espacio como el ex presidente Mauricio Macri o Patricia Bullrich, lejos del rol de hacerse cargo de canalizar la demostración callejera.
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