De la marcha atrás con la intervención de Vicentin, a la avanzada por la Reforma Judicial

Entre las más de 1.600 respuestas que la Jefatura de Gabinete envió a la Cámara de Diputados antes de la presentación de Santiago Cafiero, se informó que sólo 94 reclusos de los más de 11.700 que aloja el Servicio Penitenciario Federal tuvieron síntomas de COVID-19 desde que irrumpió la pandemia. Y entre ellos, apenas 42 presos dieron positivo de coronavirus, de los que 27 ya se recuperaron. Esto es, menos del 0,5 por ciento de la población carcelaria se contagió.

La estadística refleja que fueron sobredimensionadas las prevenciones de los jueces que liberaron presos con el argumento de que si el virus ingresaba a las cárceles, explotaría una bomba sanitaria. Si bien el SPF no puede equipararse a Suiza respecto de las condiciones que imperan en el Servicio Penitenciario Bonaerense, como advirtió un ministro del gobernador Kicillof, lo cierto es que la salida de internos a prisión domiciliaria impactó en el incremento de la actividad delictiva.

La inseguridad es uno de los problemas irresueltos de la democracia

La inseguridad, que se había aplacado al comienzo de la cuarentena allá por marzo y abril, rebrotó ahora con casos aberrantes, que muestran con crudeza el estado de indefensión de las familias y una violencia extrema ante un Estado que no garantiza la seguridad. La interna entre funcionarios nacionales y bonaerenses, siempre latente, no contribuye a mejorar la situación. Por el contrario, la falta de coordinación abre huecos por donde los delincuentes se desplazan en el territorio.

Se trata de uno de los problemas irresueltos de la democracia argentina, que se transformó en un déficit sistémico al menos en las últimas dos décadas. En la misma categoría entra el fracaso de la economía, tanto respecto del crecimiento como de la distribución del ingreso. De hecho, entre 2010 y 2020 lo único que se distribuyó fue la pobreza. A tal punto, que durante la cuarentena se constató que 9 millones de personas no tenían ingresos fijos y el Gobierno tuvo que apurar el IFE.

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Con la pandemia, las carencias económicas se tornan dramáticas. La Cámara de Diputados acaba de sancionar una moratoria impositiva a la que podrán ingresar desde los monotributistas hasta las grandes empresas. Y que, más allá de la discusión política sobre el “traje a medida” para Oil Combustibles, de Cristóbal López, o el ingreso al plan de refinanciamiento de la compañía Telecom, lo que muestra en el fondo es que el sector privado atraviesa una crisis monumental.

TEMOR POR LAS QUIEBRAS

Por eso, los diputados del oficialismo y la oposición se unieron –como casi nunca lo hacen- para suspender los plazos de ejecución de la Ley de Quiebras, ya que la reapertura de esa instancia judicial prevista desde mañana podría habilitar la caída de miles de empresas, el 70% radicadas en el AMBA. La situación es tan delicada que la CGT y el consorcio AEA se reunieron para avanzar en un plan de contingencia sin el aval del Gobierno. Claro que eso no cayó bien en el oficialismo.

El jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, reprochó al jerarca cegetista Héctor Daer los términos del documento que firmaron él y otros sindicalistas con los empresarios. Asoma ahí una diferencia en la coalición gobernante, que Daer también integra, porque en sectores afines al presidente Alberto Fernández se reconoce que el segundo gobierno de Cristina Kirchner no estuvo a la altura en términos económicos. Pero el kirchnerismo sigue anclado en una defensa irrestricta de todo lo hecho en ese período.

El Presidente, a su vez, sigue empantanado en la negociación con los acreedores externos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, consiguió una aceptación de menos del 40% de los tenedores de bonos con jurisdicción extranjera y mañana extenderá la oferta al menos hasta el 28 de agosto. La renegociación de la deuda nacional influirá también en la que encara la Provincia. Kicillof habló del asunto en un encuentro a solas con el Presidente en la residencia de Olivos.

El kirchnerismo se manifestó también en la inclusión del abogado de Cristina, Carlos Beraldi, en el Consejo Consultivo creado por Alberto F. para que lo asesore ante una eventual modificación de la Corte Suprema. El faltazo de la mayoría de los jueces del alto tribunal al acto en la Casa Rosada evidenció su malestar con la iniciativa. El Presidente replicó con una frase tajante: “La Corte está funcionando mal”, sentenció sobre la cabeza de un poder independiente.

Al Presidente le costó caro la avanzada sobre la cerealera de Santa Fe

Los magistrados ya levantaron la guardia, especialmente los integrantes de los tribunales en los que está siendo enjuiciada Cristina en la causa por la obra pública. El traslado de algunos de ellos realizado durante el gobierno anterior, sin pasar por el Senado, fue puesto ahora en revisión por el Consejo de la Magistratura, en una votación ajustada que tuvo el voto clave de la diputada Graciela Camaño. ¿Beraldi, que ahora asesora al Presidente, podría objetar el juicio a la Vice?

El Senado aprobó la regulación del teletrabajo con 40 votos afirmativos y 30 negativos. El resultado fue producto de la relación de fuerzas en la Cámara alta: esa es la base de votos que puede conseguir el Frente de Todos en el recinto que comanda Cristina. En Diputados, en tanto, los números están más ajustados pero la reforma judicial le presenta al titular del cuerpo, Sergio Massa, la posibilidad de ampliar la base de apoyos. Esa es la dimensión política de proyecto.

De ahí que Alberto F. no dará marcha atrás con esta iniciativa, como lo acaba de hacer con el decreto para intervenir y expropiar Vicentin. Al Presidente le costó caro, en términos de imagen pública, esa avanzada sobre la cerealera santafesina que lo asimiló a los métodos históricos del kirchnerismo. Y ahora volvió a su idea original: dejar que recaiga sobre el directorio de la compañía el peso del concurso de acreedores y de los juicios que vendrán, uno de ellos del Banco Nación.

El intento fallido de expropiar Vicentin despertó las protestas que se realizaron en medio de la cuarentena y que ayer se reiteraron en distintas ciudades del país y frente a la propia quinta de Olivos con múltiples demandas y en rechazo a la reforma judicial. La masa crítica de votantes que apoyó a Juntos por el Cambio en 2019, el 41% del electorado, permanece activa. En el oficialismo describen que sigue siendo un grupo minoritario que no ha logrado sumar voluntades. Lo cierto es que no han ocurrido a menudo en el pasado movilizaciones de ciudadanos por temas como la expropiación de una fábrica o el número de jueces que debe integrar la Corte Suprema. Evidentemente un sector de la población está dispuesto a defender ciertos principios con un activismo que nunca antes manifestó.