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Laura Núñez Marín
EFE
Latinoamérica, actualmente la región más golpeada por la pandemia con más de 8,3 millones de casos y más de 328.00 muertes por coronavirus, llega a los debates de la 75º Asamblea General de la ONU con una difícil situación sanitaria y económica, que ha dejado en segundo plano temas neurálgicos de la política regional como Venezuela y el drama de los inmigrantes.
La COVID-19 cambió la vida de millones de personas y la Asamblea de la ONU no ha sido ajena a esta situación, que obligó a que los debates sean virtuales y la tensión y las emociones que muchos latinoamericanos provocaban desde la tribuna, no se verán, al menos, por este año.
El anterior la mayoría de los líderes latinoamericanos centraron su discurso en la situación de Venezuela. Con discursos a favor y en contra sobre la situación en ese país y del Gobierno de Nicolás Maduro, la región mostró nuevamente sus divisiones y los problemas internos de cada nación si acaso fueron abordados por los propios mandatarios.
Se prevé que en esta ocasión los líderes de la región busquen alternativas comunes para enfrentar al coronavirus, y se garantice el acceso a tratamientos y a la tan anhelada vacuna, para lo que ya hay voluntarios de algunos países como Brasil, Colombia, México, Argentina y Panamá.
Seis meses después de que se detectara el primer caso de coronavirus en Latinoamérica y el Caribe, las cifras económicas de la región van de mal en peor.
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El 2019 no fue un buen año para la región, con diversas protestas y manifestaciones contra las desigualdades y la falta de empleo, la desaceleración de la demanda interna y la caída de los precios de las materias primas, que ya preveían que Latinoamérica completaría este 2020 siete años consecutivos de bajo crecimiento.
Pero la COVID-19 agravó aún más la situación. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el producto interior bruto regional se contraerá este año hasta un 9,1 por ciento y la tasa de desempleo se elevará hasta el 13,5 por ciento.
En ese sentido, casi todos los Gobiernos de la región y algunos organismos internacionales como la misma Cepal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han señalado que los esfuerzos de cada país para enfrentar la crisis social, sanitaria y económica dependerán en gran medida de la cooperación internacional, “a través de mayor financiamiento en condiciones favorables y alivio de la deuda”.
Un reciente informe de derechos humanos que encargó la ONU sobre Venezuela abrió un nuevo pulso entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la organización.
En el documento, una Misión Internacional de Investigación señaló que los crímenes identificados “fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”.
Por su parte, el Gobierno venezolano señaló que el informe “es algo insólito, (...) es irresponsable, es un fraude, absolutamente, y es un monumento a la propaganda de guerra”.
Otro tema sensible son las críticas a las políticas ambientales del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por parte de varios Gobiernos, organizaciones ecologistas y hasta empresas brasileñas, que lo responsabilizan de incentivar la deforestación en la Amazona y de no hacer lo posible para frenar los devastadores incendios en el Pantanal, el mayor humedal del mundo, y por el que se puede estancar de nuevo el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
Mientras que el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, también ha sido blanco de críticas por los retrocesos en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, los asesinatos de líderes sociales, las recientes masacres y la ola de violencia desatada por la muerte de un hombre a manos de dos policías, que abrieron el debate sobre los excesos del uso de la fuerza contra la población.
Este año se estrenarán en la Asamblea de la ONU los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país arrastra una profunda crisis a causa de la deuda mientras el Gobierno trata de buscar alivios con los diferentes acreedores; de Guatemala, Alejandro Giammattei; quien acaba de confirmar que contrajo el coronavirus; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Surinam, Chan Santokhi.
También intervendrá la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien acaba de retirar su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre próximo, en medio de un tenso clima político en el país, tras la renuncia de Evo Morales en noviembre pasado a la Presidencia ante acusaciones de fraude electoral.
En cambio la intervención de Martín Vizcarra como presidente de Perú será la última, ya que ha confirmado que no se presentará a la reelección para los comicios del próximo abril, mientras además atraviesa una crisis política que por poco lleva a su destitución.
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