Con cautela, la oposición celebró la decisión del máximo tribunal

“¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡ Gracias a Dios!”. Con esa línea, breve y escueta, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, celebró desde su cuenta de Twitter la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir -por unanimidad- el recurso de “per saltum” planteado por los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

Fiel a su estilo, el mensaje de Carrió festejó la medida judicial que permitió frenar el traslado de los jueces que -antes designados por Mauricio Macri en la Justicia federal- investigan casos de corrupción vinculados al kirchnerismo: desde la denominada causa por “los cuadernos de las coimas” al escándalo Ciccone, con Amado Boudou como protagonista. La remoción de los magistrados había sido decidida hace poco más de una semana, tras la aprobación de la mayoría oficialista en el Senado y la posterior ratificación del Presidente Alberto Fernández.

Como “Lilita”, la titular del PRO, Patricia Bullrich, se volcó a la red social del pajarito para asegurar que “los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino”, a la vez que destacó “a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente”.

Por su parte, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, exclamó: “¡Al fin un tiro para el lado de la Justicia! La Corte Suprema resolvió por unanimidad que hay gravedad y urgencia institucional y aceptó tratar el planteo de los jueces removidos a instancia del Gobierno nacional”, y reflexionó que “las instituciones sufren un gran desgaste por la tensión política que le mete el kirchnerismo. Hoy, la Corte Suprema frenó que este deterioro se precipite”.

Lo que dicen los constitucionalistas

Por otro lado, expertos en Derecho calificaron como “muy relevante” el fallo del máximo tribunal, basado en un recurso atípico como es saltar de instancia y permitir que una causa sea presentada directamente ante la Corte, sin necesidad de una resolución previa del tribunal superior de cada fuero.

“Es una señal de la Corte Suprema en términos de que afirma que hay gravedad institucional por la temática que se está tratando, porque en este debate no están en juego solamente los intereses de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino el funcionamiento del Poder Judicial. La temática excede a estos jueces y puede impactar a todo el Poder Judicial y la sociedad. En este sentido es positivo”, valoró en declaraciones periodísticas el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aunque advirtió que “abrir el trámite no resuelve el fondo de la cuestión, aquello que resuelva va a tener un impacto más allá del caso concreto y por eso decide saltar la segunda instancia y abocarse a resolver esto”.

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El citado fallo dispuso que hasta que se decida la cuestión de fondo, el Consejo de la Magistratura deberá abstenerse de cubrir los cargos de los jueces que interpusieron el reclamo, mientras estableció un plazo de 48 horas al Consejo y a la Procuración General de la Nación para expedirse sobre el asunto a tratar.

El abogado constitucionalista Pablo Manili, en tanto, interpretó que “la Corte siempre actúa en momentos distintos, aunque luego los condensa en un solo fallo, pero siempre toma dos decisiones: si abre o no la instancia extraordinaria, y luego si da o no la razón al planteo. El hecho de que haya abierto la puerta no implica una presunción de que vaya hacer lugar pero sí deja claro que se trata de un caso de gravedad institucional y de urgencia”.

Al jurista Roberto Gargarella, el fallo lo sorprendió “muy gratamente”, por tratarse de un caso “grave, jurídicamente fácil, pero políticamente difícil de resolver”. Para el abogado, “el Gobierno ha puesto a todas sus primeras espadas jurídicas a presionar a la Corte, una decisión política que también resulta triste y sorprendente, y que muestra al Gobierno en completa falta de sintonía con el ánimo social existente”.

Para el constitucionalista Daniel Sabsay, “la decisión de la Corte marca un antes y un después en un proceso que tiene varios meses y que no se limita a este tema en particular, sino a muchos otros en los cuales la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su desesperación por encontrar la impunidad, no ha dejado intersticio sin llenarlo con decisiones contrarias a derecho”.

Mientras que el profesor titular de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, Juan Vicente Sola, recordó que “desde la reforma a la Constitución Nacional de 1994, Argentina se tarda mucho en designar jueces. Es por eso que hoy hay muchos juzgados y cámaras vacantes. Por lo tanto, hay una regla habitual de trasladar jueces del mismo rango y del mismo fuero. Lo irregular de este caso es que súbitamente se cambió un procedimiento estableciendo que los jueces necesitaban un nuevo acuerdo. Eso no está en la Constitución. Lo sospechoso es que estos jueces llevan adelante causas contra la vicepresidenta de la Nación”.