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La protesta en autos particulares fue frenada en un retén en Lavalle. Allí hubo negociaciones con autoridades por la flexibilización de los permisos. Dicen que hay más de 500 propiedades intrusadas
Los propietarios de casas y terrenos en el Partido de La Costa que no residan allí podrían ingresar al distrito por un plazo de 72 horas a partir del próximo 14 de septiembre en tandas de hasta 60 personas por día, para controlar si sus propiedades fueron objeto de usurpaciones, robos o vandalismo.
Asó lo informaron tras las negociaciones que un grupo de propietarios residentes en el Área Metropolitana y La Plata mantuvieron esta mañana en el marco de la caravana de protesta que realizaron y que fue frenada por un control policial ubicado sobre la Ruta 11, a la altura de General Lavalle.
Según relataron los propietarios, en las conversaciones mantenidas con funcionarios del Municipio de La Costa, se acordó flexibilizar las condiciones por las cuales pueden ingresar al municipio, luego de que denunciaran que unas 500 casas y terrenos en localidades como Santa Teresita, Costa del Este, Mar del Tuyú y Las Toninas, entre otras, fueron intrusadas o vandalizadas.
Algunos respondiendo a la convocatoria por redes sociales bajo el lema “Todos a la Costa a recuperar nuestras propiedades” y con la firma “Propietarios no residentes” son muchos los que decidieron movilizarse para pedir respuesta del Estado ante esta situación.
Desde el inicio del aislamiento por la pandemia de COVID-19, el 20 de marzo, comenzaron a darse usurpaciones y según un relevamiento ya son más de 500 las propiedades tomadas, por lo que los propietarios decidieron realizar esta caravana para ver en primer término cómo está su propiedad y luego entregar un petitorio a las autoridades municipales para que intervenga ante este escenario.
Sin embargo, varios kilómetros antes de llegar a la Costa fueron frenados por el control que conjunto realizan la policía y agentes municipales de General Lavalle sobre la Ruta 11 y nos los dejan avanzar. Incluso tienen una propuesta de aplicar un protocolo según el cual llevan su propia comida para minimizar el contacto con los vecinos de cada localidad.
Los primeros llegaron a ese sitio en la madrugada de hoy, pero hay otros que están desde ayer por la tarde, como el caso de un hombre quien dijo que a su hijo lo someten a una intervención quirúrgica hoy y no tiene quién lo asista.
A media mañana se hicieron presentes funcionarios del Partido de la Costa, quienes mantuvieron una reunión con tres de los vecinos convocados. Al término de ese encuentro, fueron los propietarios los que señalaron que el Municipio había ofrecido adelantar al 14 de septiembre la fecha en la que se los dejaría llegar hasta sus propiedades (la fecha que se manejaba con anterioridad era del 20), ampliar el cupo de 30 a 60 personas las habilitadas por día para dejar pasar y fijar un nuevo plazo de permanencia, actualmente de hasta 24 horas, de 72 horas como mínimo. De esa manera, aquellos que sufrieron vandalismo o destrozos en sus propiedades dispondrán de mayor tiempo para realizar las reparaciones necesarias, ya que por protocolo se les impide contratar a trabajadores de la zona para realizar los arreglos.
Una situación similar fue la que se vio el fin de semana en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche, con una larga caravana de autos por la ruta en una protesta contra las usurpaciones de terrenos en esa zona de la Patagonia. En el caso de los propietarios del Partido de la Costa las alarmas se activaron del todo con una de las últimas tomas del lugar que de manera organizada se llevó a cabo el pasado 22 de agosto.
Ayer, en medio de la polémica nacional por las usurpaciones, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, salió a presentar una denuncia contra el fiscal de usurpaciones y flagrancia Eduardo Elizarrraga, a quien acusa por “inacción” ante las tomas de tierras en su distrito.
“No tengo nada que decir sobre su persona pero sí sobre su función. La fiscalía nace para luchar contra las usurpaciones y no fue así” expresó Yeza a través de un hilo de Twitter en el que anunció la presentación de una denuncia en el Consejo de la Magistratura, a la que tuvo acceso EL DÍA.
La Fiscalía 5 de Pinamar, inaugurada en 2015, fue creada con la idea de que intervenga ante usurpaciones y delitos en flagrancia.
”Son casi 5 años en donde hemos tenido que rogar que solicitara desalojos ante usurpaciones. ¿Saben lo que es tener 30 personas traídas de otra ciudad a ocupar tierras municipales y que el fiscal que debiera proteger a los ciudadanos de eso no haga nada?”, expresó el intendente.
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