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La pena, que cumplirá en su casa, con pulsera electrónica, es por la financiación ilegal de su campaña de 2012
PARÍS
La justicia francesa condenó ayer al expresidente conservador Nicolás Sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña, tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012, aunque podrá evitar la prisión.
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El exjefe de Estado entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, “continuó con la organización de mitines”, pese a haber sido advertido “por escrito del riesgo de superar” el límite legal de gasto, reza el veredicto.
“No era su primera campaña. Ya tenía experiencia como candidato”, agregó la presidenta del tribunal, Caroline Viguier, que le impuso un año de prisión, aunque le permite cumplirlo en su domicilio con una pulsera electrónica.
Su abogado, Thierry Herzog, aseguró a la salida del tribunal de París que su cliente le pidió “por teléfono” que apelara la decisión, lo que hará de inmediato. “Llegaré hasta el final en esta búsqueda, que va más allá de mi caso personal, porque todo el mundo puede encontrarse un día con una injusticia”, reaccionó en tanto anoche el exmandatario en sus redes.
Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República (régimen iniciado en 1958) en ser sentenciado a prisión firme (un año) por corrupción y tráfico de influencias en otro caso.
La condena de ayer se produce en el llamado caso Bygmalion, que se sumergió en las cuentas de la campaña de la elección presidencial de 2012, que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande. Su defensa apeló.
El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de “espectáculos a la estadounidense”, en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos.
Este exceso de gastos se habría ocultado luego en un montaje financiero entre el entonces partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP) -actualmente Los Republicanos- y la empresa que organizó los eventos, Bygmalion. A diferencia de los otros 13 acusados, a los que se les impuso penas de dos a tres años y medio de prisión, al ex jefe de Estado no se le acusaba del sistema de doble contabilidad puesto en marcha, sino de “financiación ilegal de campaña”.
Según la acusación, durante la campaña de 2012, se gastaron 42,8 millones de euros, casi el doble del límite legal. (AFP)
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