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Pese a las reformas legislativas y a las continuas medidas que han venido impulsándose en materia de control de tránsito –aquí `pueden mencionarse, entre otras, los fuertes incrementos en el valor de las multas- es evidente que persisten falencias estructurales que resultan decisivas a la hora de explicar la inseguridad vial reinante. Y entre esas omisiones, seguramente la que más incide es la falta de una continuada y consistente política educativa por parte del Estado.
Hace pocas jornadas se publicó en este diario un informe revelador del descontrol existente en las calles del centro y de la periferia platense, que se vio evidenciado por graves accidentes entre vehículos en esquinas céntricas –en uno de ellos uno de los dos automóviles terminó estrellándose contra el frente de un edificio gubernamental- con el saldo de personas fallecidas o heridas.
En esos días el tránsito se convirtió en noticia recurrente en la Ciudad. Un ciclista perdió la vida como consecuencia de las lesiones que sufrió al ser arrollado por un camión hormigonero. En otro episodio dos motociclistas chocaron con violencia, presumiéndose que uno de ellos cruzó una avenida cuando el semáforo estaba en rojo.
En algunas ocasiones la temeridad, en otras la falta de conocimientos sobre las leyes viales, en muchas otras la inexistencia de condiciones seguras para los desplazamientos. Los motivos son varios y recurrentes: excesos de velocidad, no acatamiento a las señales y otras que hablan de una indisciplina general por parte de los distintos usuarios de la vía pública, sean automovilistas, motociclistas, ciclistas o peatones.
En cada oportunidad en que se ha tratado el tema de la inseguridad vial, se ha reflejado en esta columna la opinión de especialistas, que insisten en la necesidad de que sean las infracciones que conllevan mayor riesgo para la vida y la integridad física de las personas -como transitar a velocidades muy superiores al máximo permitido, girar indebidamente a la izquierda, conducir en forma temeraria vehículos de pasajeros o no respetar el cruce de peatones, cruzar por lugares no permitidos, entre muchas otras- aquellas sobre las cuales se extremen los controles y se apliquen las penas más severas.
Parece oportuno, entonces, insistir en que debería promoverse desde el Estado una profunda política educativa en materia de tránsito, con el concurso esencial que pueden y deberían brindar las escuelas -pero también a través de campañas públicas masivas y persistentes-, para inculcar en niños y jóvenes principios que hacen a la convivencia y al respeto por la vida propia y la de los demás.
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Ello no obsta a la instrumentación de sistemas de control más dinámicos y extendidos, así como a la aplicación de multas tan severas como sea necesario para desalentar a los infractores crónicos, en medidas que se han tornado ya impostergables si no queremos seguir perdiendo vidas en las calles.
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