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El juicio por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF podría costarle al país entre 3.500 millones y 5,200 millones de dólares en el peor de los escenarios, que no obstante se considera improbable. Esa cifra representaría tres veces el valor actual de la compañía.
Si bien los abogados de YPF indicaron que la petrolera no debería “hacerse cargo de reparar ningún daño”, hizo público cuánto creen que deberán pagar según el informe de daños que hicieron Petersen y Eton Park, los “demandantes”.
Así lo comunicó la petrolera a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el marco de distintas hipótesis de conflicto sobre el juicio que se lleva adelante en los tribunales de Nueva York.
YPF informó a la CNV que la semana pasada la empresa respondió al informe de daños que presentaron los demandantes. Pero allí también se cita a un experto que refuta los daños y perjuicios presentados por Eton Park -que adquirió los derechos del juicio contra la expropiación-, y dice que “se concluye que no existe ningún daño a los demandantes, aun cuando el tribunal finalmente declarase responsable a los demandados”.
La posición de la petrolera de bandera es que “las estimaciones de daños y perjuicios resultantes serían de 14.400 millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias) o 14 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias). Si se convierte al tipo de cambio del 24 de septiembre, cuando se intercambiaron los informes de los expertos iniciales, el monto sería de 140 millones de dólares.
Mientras, YPF explicó que el rango de 3.500 y 5.200 millones de dólares es solo para el caso de que el tribunal, entre otras cosas, declare “responsable a los demandados, decida otorgar daños en favor de los demandantes, rechace varias de las correcciones a la metodología de daños que hace el experto de los demandados, y acepte fechas de notificación de la oferta pública del 7 de mayo y 16 de abril de 2012”.
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YPF tiene hoy una valuación de mercado de 1585 millones de dólares, según su cotización en la bolsa de Nueva York. Y Cada acción cuesta 4,030 dólares, de las cuales el 51 por ciento está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol una indemnización de 5.000 millones de dólares por la estatización del 51 por ciento de las acciones.
La demanda contra YPF y la República Argentina empezó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Loretta Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa. En el litigio, la querella reclama un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, la entonces presidenta Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones y solo lo hizo sobre el 51 por ciento.
Los demandantes dicen que la empresa debería haber hecho una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas, según los estatutos de YPF y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en el año 1993.
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