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Hace décadas que en la provincia de Buenos Aires existe la necesidad de volver más simples y transparentes los trámites para la adopción de niños, en una situación que se hace extensiva, en mayor o menor medida, al resto del país. Se conoce que siempre ha existido la predisposición de muchas personas y familias para adoptar niños, pero reclamándose también en forma insistente la vigencia de normas y sobre todo de procedimientos que aceleren los tiempos, para que niños en evidente situación de abandono puedan acceder a un grupo familiar que los contenga.
Es sabido que deben respetarse a ultranza recaudos legales, ponderándose debidamente, en cada caso, aspectos muy delicados que fundamentalmente apuntan a garantizar una mejor situación futura de los chicos en adopción. No obstante, sobre esa base de requisitos a cumplir y de garantías a preservar, es que también la legislación debiera bregar por una tramitación menos burocrática.
Hace pocas jornadas se reflejó en este diario un informe de tipo estadístico sobre la infancia institucionalizada en la Provincia. Se detalló que hay poco más de mil niños que esperan que se les permita ser adoptados, tras agotarse los intentos de revinculación con sus familias -en un trámite que no debiera demandar más de tres meses- en tanto que son 1.200 las familias inscriptas en el registro de adoptantes. La estadística también marca que el sistema provincial se conforma con un total de 3.639 niños y adolescentes institucionalizados.
Según datos del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, de los 1.080 niños y adolescentes a los que aún no se les declaró su situación de adoptabilidad, 792 residen en hogares oficiales. La mayor parte de ellos tiene entre 6 y 11 años de edad (453), mientras que 325 van desde los recién nacidos hasta los 5 años y 293 tienen entre 12 y 17 años. A ellos se suman nueve chicos de los que aún no se pudo determinar su edad con exactitud.
Hace también muchos años que en la Provincia se vinieron buscando fórmulas para agilizar los trámites para la adopción de niños, fijándose plazos en algunas ocasiones para que los jueces decidan si están dadas las condiciones de adaptabilidad. Sin embargo, los avances fueron pocos y no ha logrado evitarse que, en muchos casos, se registraran eternizaciones administrativas y complejidades que convierten al trámite de la adopción en un laberinto.
Conviene asimismo tener en consideración que a mediados de la década pasada se puso en marcha un registro de adopciones a nivel nacional que había abierto muchas expectativas, al entenderse que podía ser un significativo progreso en una materia que, sin lugar a dudas, exige desde hace muchísimo tiempo una mayor agilidad judicial y administrativa. Esa herramienta apuntaba expresamente a simplificar y dar transparencia a los trámites de guarda y adopción de niños en la Argentina, pero los resultados no fueron los esperados.
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Es evidente que no existen soluciones mágicas para el sensible problema de las adopciones. Asimismo, resulta especialmente valioso que se enfatice en el interés superior del niño, a partir de la sólida base que ofrece una población dispuesta a interesarse en ofrecerles un futuro a quienes no lo tienen. Y en esa intención, lo que importa más es que se vayan sumando aportes, tanto legislativos como doctrinarios, que apunten fundamentalmente a agilizar y simplificar las tramitaciones.
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