La reforma de un poder del Estado debe contar con el consenso de todos

La intención del oficialismo en el Congreso nacional de crear una comisión bicameral especial para investigar a los jueces y para realizar “controles cruzados” con el Poder Judicial, anunciada en las últimas horas por el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la Vicepresidenta en el Senado, apuntaba a sumarse como una nueva herramienta de hostigamiento hacia la administración de justicia por parte del oficialismo, en detrimento de principios básicos y virtuosos del sistema republicano.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió a relativizar la iniciativa e intentó desactivar la polémica generada a raíz de la intención del gobierno nacional de crear una comisión bicameral especial para que el Congreso realice “el control cruzado” sobre el Poder Judicial. El anuncio del proyecto había surgido como respuesta a un pedido realizado por el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, aseguró la funcionaria.

La ministra -de máxima confianza del presidente Fernández- explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos

La oposición, a su vez, levantó de inmediato la guardia ante el anuncio de Parrilli. “Quieren crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo se quiere atribuir facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento”, afirmó el radical Mario Negri. Y advirtió: “Inaceptable, no pasarán”.

Sea como sea, cuando se conoció la intención del oficialismo de poner en marcha un eventual reforma judicial en la Argentina se aludió no sólo al crítico contexto de un país que se encontraba, al igual que hoy, desafiado por la pandemia y por necesidades primarias y apremiantes, tales como las alimenticias, sanitarias o laborales de la población, sino que se enfatizó en el sentido de señalar que se pretendía promover un cuerpo que contaba con una mayoría de personalidades ligadas al oficialismo –la entonces llamada comisión “Beraldi” - y que, por consiguiente, carecería de la pluralidad necesaria. Vale insistir en que no se puede concebir la reforma nada menos que de un poder del Estado si no se cuenta con el consenso de todos los sectores.

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Es indiscutible que la administración de justicia sufre de muchas deficiencias –como la falta de celeridad en los procesos, los graves problemas de infraestructura edilicia, la escasez de recursos y de ámbitos propicios para realizar los juicios orales o las audiencias laborales-. A nadie escapa, tampoco, la disfuncionalidad que caracteriza a varios fueros, que se encuentran en crisis total.

No se niega tampoco aquí la necesidad de que se produzcan reformas en la Justicia. Es más, desde esta columna se las ha propiciado, como punto de partida para introducir diversas mejoras en áreas esenciales como son la justicia penal o la electoral. Pero debe irse punto por punto, sin transgredir a la Constitución, sin precipitaciones ni generalizaciones privadas de consenso, sin dejar lugar a sospechas o suspicacias acerca de los verdaderos motivos que podrían explicar proyectos de semejante envergadura institucional.