Polémica por la medida que prohíbe volver antes del lunes a quienes viajaron por turismo

Todas aquellas personas que hayan aprovechado los instantes previos a la entrada en vigor del confinamiento para hacer una “escapada” por el fin de semana largo no podrán regresar a sus casas hasta la mañana del próximo lunes, que es cuando vencen las nuevas restricciones para frenar la propagación del coronavirus. De lo contrario, quienes intenten volver deberán afrontar causas penales.

Así lo confirmó ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: “Los que se fueron de vacaciones el fin de semana no van a poder volver. Si lo intentan hacer van a tener que afrontar una causa penal”, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales y recordó que el decreto presidencial que dispuso un cierre por nueve días (del 22 al 30 de mayo) “prohíbe el turismo, a pesar de los feriados, por lo que le transmitimos a la gente que debe quedarse en su casa y no debe viajar”.

En la misma línea se expresó el secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba: “Es muy clara la restricción. Implica que quienes se fueron lejos de su domicilio o tomaron acciones de turismo el fin de semana no van a poder regresar hasta el momento establecido en el decreto”, ratificó, para después remarcar que “la gente que se fue tiene que volver cuando cese el decreto, la idea de la restricción es que la gente no se mueva de su domicilio”.

Pero el viernes (antes del inicio del confinamiento estricto) pudo verse un intenso movimiento de tráfico con destino hacia la Costa Altántica. Y fue común asistir a un paisaje de peajes y autopistas como la Panamericana colapsadas, con vehículos circulando a paso de hombre.

La crítica de los constitucionalistas

Frente a ese escenario, Frederic reforzó que “quienes se fueron tendrán que quedarse donde están hasta que finalicen estos nueve días, que es el lunes 31 de mayo a las 6 de la mañana”. Una medida que cosechó fuertes cuestionamientos por parte de constitucionalistas como Daniel Sabsay, que la tachó como “un castigo arbitrario que viola groseramente el principio de legalidad y el de tipicidad. Está creando una contravención a través de una resolución administrativa que por el momento ni siquiera ha sido publicada”.

Para Sabsay, esta decisión “nos acerca a la posición de un monarca que crea per se un delito o una contravención y luego desconociendo las más mínimas garantías sanciona”.

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En tanto, el constitucionalista Félix Lonigro explicó que “la decisión constituye una restricción al derecho de circular y al derecho de usar la propiedad. Las limitaciones a los derechos están constitucionalmente aceptadas en la medida que sean hechas por ley y que sean razonables (es decir, que no alteren irrazonablemente el derecho limitado)”, pero, al tratarse de un decreto, “se debe juzgar la razonabilidad de la medida”, a la que calificó como “inconstitucional, no solo por la falta de ley sino porque hay una irrazonable restricción a los derechos mencionados, ya que es arbitrario impedir que un sujeto pueda volver a su casa”.

También el constitucionalista Diego Armesto advirtió que “el Gobierno se excede en las atribuciones constitucionales”, ya que “uno de los derechos protegidos por el texto fundamental es el libre tránsito”. En ese aspecto, resaltó que “los instrumentos internacionales sostienen y protegen de estos atropellos a la persona humana”, como el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que “toda restricción debe ser por Ley, no por DNU o decisión administrativa alguna”.

Como se dijo, el decreto que rige desde el último sábado prohíbe viajar o realizar actividades lejos del domicilio, excepto los trabajadores esenciales o aquellos que regresen de un viaje anterior.

A quienes circulen sin la habilitación correspondiente hasta el 31 de mayo “se les labrará un acta, se les retendrá el vehículo y serán plausibles de una causa judicial”, advirtió Villalba. No obstante, el funcionario aclaró que “las fuerzas de seguridad (que controlan calles, autopistas y peajes) van a trabajar con razonabilidad” en caso de que se reporten excepciones.